TOMA SECCIÓN 65 MINA “ BUENAVISTA DEL COBRE”

Exigen cierre total y cancelación de concesión…
Toma Sección 65 mina “Buenavista del Cobre”
A temprana hora, un grupo de agentes de la Policía Federal y agentes del Ministerio Público del Fuero Común acudieron a la Puerta I del complejo minero para entrevistarse con el grupo de mineros que en la víspera, había anunciado la medida, lo anterior derivado del daño ecológico y riesgos a la población del Río Sonora.

Por Alejandro Matty Ortega / Dossier Politico

Dia de publicación: 2014-08-20

Cananea, Sonora (DP).- Desde las 6 de la mañana y al cumplirse las primeras 2 semanas del derrame, mineros más de un centenar de integrantes de la Sección 65 y del Sindicato Nacional Minero tomaron el acceso principal de la mina Buenavista del Cobre para exigir el cierre total de la mina, la reparación del daño por el derrame y la cancelación de la concesión del Grupo México.

A temprana hora, un grupo de agentes de la Policía Federal y agentes del Ministerio Público del Fuero Común acudieron a la Puerta I del complejo minero para entrevistarse con el grupo de mineros que en la víspera, había anunciado la medida, lo anterior derivado del daño ecológico y riesgos a la población del Río Sonora.

Integrantes de la Sección 65 informaron a Dossier Político que este bloqueo representa el primer llamado a los habitantes, ejidatarios del Río Sonora y a la comunidad en general, así como a asociaciones internacionales a sumarse a esta titánica lucha contra “El Monstruo” de Los Larrea.

Denunciaron además que al tomar la acción, la Policía Federal colocó agentes en los distintos accesos a la mina a fin de evitar el ingreso de los manifestantes a la zona propiedad del Grupo México, empresa a la que exigen paralizar labores, pagar el daño a la población, el retiro de la concesión y la salida del país.

Durante el transcurso de la mañana, el bloqueo se generalizó a las distintas puertas del complejo donde además se encuentran agentes de la Policía Federal dispuestos en estos puntos a evitar el ingreso de los mineros.

“La medida será permanente hasta que el Grupo México repare el daño, indemnice a los afectados, limpie el Río Sonora, el Gobierno de la República le retire la concesión y se retire del país”, dijo la fuente a DP.

La Sección 65 y el Sindicato Nacional Minero convocan a los habitantes, ejidatarios, comunidad nacional, internacional y a todos los sonorenses agraviados por los intereses de la minera a sumarse a esta lucha contra “El Monstruo” del Grupo México.

La semana pasada, los mineros recorrieron la zona afectada por el derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido y sulfatos de cobre a fin de iniciar una campaña de información a los habitantes del Río Sonora, convocando a la lucha legal contra la compañía por la afectación al agua, medio ambiente y bienes de las familias ribereñas.

Al igual que a la empresa, la Sección 65 advirtió desde el 2007 a la Conagua, Profepa y Semarnat sobre los riesgos de que los represos de la expresa Mexicana de Cananea colapsaran; sin embargo, el Gobierno de la República y del Estado ignoraron sus alertas.

“Como lo fue en su momento las condiciones que se agravaban en las instalaciones de la empresa Mexicana de Cananea, el Sindicato Minero Sección 65 alertó oportunamente y solicitó el apoyo inmediato de las autoridades federales y estatales para evitar que el represo colapsara sobre las cuencas del Río Bacanuchi y posteriormente, el Río de Sonora”, señala a Dossier Político Jesús Verdugo.

El presidente del Comité de Huelga de la Sección 65 expone a demás que “los documentos que demuestran  nuestras demandas son las pruebas de que el riesgo existía y que desde el día treinta de julio del 2007, no se han escuchado por parte de las autoridades, ni federal ni estatal o de la empresa, principalmente las administraciones panistas ni de la actual”.

A continuación presentamos los oficios dirigidos:

El 08 de octubre del 2008  la Profepa recibió la denuncia hecha a través del oficio No.DS-SG-UGA-IA-0756-8, promovida por el Comité de Huelga de la Sección 65 del Sindicato Minero  el día 08 de Sep.2008 y fue hasta el día 25 de marzo del 2011 que resolvió el delegado de Profepa en Sonora, licenciado Alán Francisco Munro López, dando por concluido la denuncia y archivándose los autos correspondientes.

Para el 29 de julio del 2009, el Comité de Huelga no dejo de insistir, se vuelven a girar las mismas peticiones a la Conagua, Profepa y Semarnat para que hicieran las gestiones necesarias ante Mexicana de Cananea y Grupo México “para que se le diera  la atención lo más rápido posible y se evite una contaminación que podría traer consecuencias graves, ya que con fecha 14 de abril del 2009 se retiró el personal de confianza encargado de las emergencias en las instalaciones de la empresa”.

El Comité de Huelga de la Sección 65, además informó al entonces gobernador del Estado, Eduardo Bours Castelo; a la Secretaría de Gobierno que encabezara el Lic. Wenceslao Cota Montoya; a la L1X Legislatura del Congreso del Estado.

“Asimismo a la Conafor, a cargo del Sr. Luis Salvador Porras López, ¿entonces, quién nos miente?”.

El líder minero señala a DP que “nos hemos conducido con toda la responsabilidad que esto implica, pero las autoridades tanto estatales como federales sólo obedecieron el proteger a los dueños de la mina, quienes estos sólo nos han dejado un sinfín de sustancias tóxicas y prohibidas en los represos propiedad de la mina, que siguen contaminando de manera constante a toda la población de Cananea y que hoy lamentablemente, las consecuencias de estas irresponsabilidades repercuten en los pueblos de Bacanuchi, Tahuichopa, Arizpe, Aconchi, Banámichi, Baviácora hasta llegar a Hermosillo”.

Lo anterior, inevitablemente afecta a más de 25 mil habitantes quienes exigen justicia y se castigue a los responsables de ésta, “provocada por Mexicana de Cananea y por los corruptos que se han prestado en seguir protegiendo al empresario Germán Larrea Mota Velazco”.

“Por esta y otras razones exigimos la cancelación inmediata de la concesión a Grupo México por considerarlo un peligro para la Nación Mexicana”, asevera Jesús Verdugo Quijada.

Indignación causó a los integrantes del Sindicato Nacional Minero y de la Sección 65 el que personas cercanas a un partido político lucrara con la necesidad, angustia, miedo y tragedia que viven los habitantes del Río de Sonora por el criminal derrame de ácido que hoy es aprovechado políticamente.

Los mineros que realizaban una campaña de información sobre los graves efectos de la contaminación generada por negligencia y multiplicada por las “atípicas lluvias” en Cananea, presenciaron el inhumano acto que se perfila ser una estrategia político-electoral de un partido que ha encabezado una lucha férrea contra el actual Gobierno del Estado.

“No nos sorprende que los partidos políticos se aprovechen de las desgracias de la gente, esta experiencia ya se ha tenido en otros lugares”, dijo uno de los mineros que acompañaron al delegado nacional Heriberto Verdugo mientras éste llamaba a los habitantes a conocer sobre los efectos del tóxico en el agua y las medidas a implementar.

La indignación fue tal que el reportero no soportó la escena y tuvo que retirarse del lugar y seguir la labor, en las inmediaciones del Río Sonora donde se captó la imagen de una vaca muerta a decir de su dueño, por haber tomado agua contaminada mientras un helicóptero sobrevolaba el lugar y uno grupo de zopilotes un área de difícil acceso con vegetación y suelo accidentado.

El Sindicato Nacional Minero  y la Sección 65 arrancaron con una campaña informativa en este lugar de 800 habitantes donde al menos 70 de 130 se unieron para exigir cerrar la mina y el retiro de la concesión al Grupo México, “el orgullo sonorense es más poderoso que el monstruo de Los Larrea”.

Durante una reunión llevada a cabo en la sede del Recinto Ejidal “J. Román Meza” lugar donde Dossier Político tuvo acceso, se gestaba una lucha histórica contra la devastación sin límite de la compañía minera que por más de 100 años ha consumido no sólo los metales preciosos sino el agua de los manantiales donde nace el Río Sonora.

“No vamos a permitir que ´el monstruo´ llegue con un maletín de dinero y compre sus conciencias, su dignidad y su silencio, el orgullo sonorense es más grande y poderoso que ´el monstruo de Los Larrea´, por eso estamos aquí para unirnos y sacar del país al Grupo México”, expresa Heriberto Verdugo a los 70 ejidatarios que hasta el momento habían sido ignorados por las autoridades.

En la reunión del consejo ejidal se encontraba José Luis Cuevas, inspector especial de la Zona Ganadera de la Sagarpa Sonora, quien con la Circular 502 en mano lee las recomendaciones emitidas por el Gobierno del Estado a fin de evitar aún mayores afectaciones:

“El gobernador Guillermo Padrés Elías está preocupado por ustedes y por esta situación de la contaminación, por eso traigo esta Circular 502 donde vienen las recomendaciones para que ustedes resulten menos afectados, que retiren su ganado del río, que no tomen agua del río y que nos reporten si algún animal se muere para que la empresa les pague”, dijo el representante del Gobierno del Estado a los ejidatarios de Bacanuchi.

Además, el Inspector Especial aseguró que por la mañana del miércoles llevaría las demandas, inquietudes y exigencias de la comunidad a las oficinas centrales de la Sagarpa para iniciar con las estrategias de prevención para que en la medida de lo posible el impacto del daño ambiental no avance.

Al tomar la palabra, el delegado en Sonora del Sindicato Nacional Minero advirtió sobre los graves efectos en la salud, en la vida y en el medio ambiente que ha dejado por más de 100 años el Grupo México que hoy provoca la más grande tragedia ecológica en la historia de Sonora.

El delegado en Sonora del Sindicato Nacional Minero, Heriberto Verdugo, confirmó a Dossier Político que la sustancia tóxica derramada de uno de los 14 represos de la minera Buena Vista del Cobre, empresa del Grupo México, sí es ácido sulfúrico en un 99 por ciento y así lo obtuvieron de estudios realizados.

En un recorrido realizado por el Río Sonora, DP realizó una serie de entrevistas en la Ciudad Mineral, Bacanuchi y Arizpe y visitó a los mineros donde el delegado nacional, entre otras aseveraciones y acciones a tomar, dijo que el daño ecológico a la región será irreversible sobre todo para la población que por años ha registrado enfermedades producto de la filtración de tóxicos.

“Definitivamente sí es ácido sulfúrico en un 99 por ciento, que no los quieran engañar, el daño a los mantos acuíferos, al medio ambiente, a la flora y fauna es una lamentable realidad que desde hace años se vienen presentando, familiares, amigos, compañeros y habitantes de Cananea han padecido desde alergias hasta cáncer en la piel y en otros órganos del cuerpo”, sostuvo.

DP documentó una serie de fotografías y testimonios de habitantes de los tres lugares donde sorpresivamente lao ejidatarios y familias de Bacanuchi aseguran que no fueron alertados de los riesgos por el derrame de 40 mil metros cúbicos de sustancia tóxica que se filtró por la aparente falta de mantenimiento al represo aunado a las lluvias que hasta anoche se siguen presentando en Cananea.

Ante esta realidad, el delegado del Sindica Nacional Minero y la Sección 65 se dieron a la tarea de iniciar con una campaña informativa a los habitantes de los 8 Municipios afectados y donde la autoridad estatal y federal han ordenado el cierre de pozos y solicitado a la empresa surtir de agua a las familias en riesgo.

De las entrevistas realizadas por DP a los habitantes, ejidatarios y presidentes de éstos, se publicará una serie de notas informativas los próximo días a fin de dar a conocer el sentir y el temor de los sonorenses que expresan zozobra y preocupación por el inédito hecho que ocupa los principales espacios noticiosos hasta rebasar la frontera de México.

El Consejo Ciudadano Pro Rescate y Conservación del Río Sonora exhortó a las autoridades de los Tres Órdenes de Gobierno a informar de manera objetiva y oportuna, sobre la magnitud del derrame provocado por negligencia del Grupo México.

Mediante un posicionamiento, el grupo ciudadano denuncia que no cuenta con información oficial creíble y plena sobre el desastre ecológico en la región ribereña, tampoco de la duración de la contingencia ni las medidas adoptadas y las consecuentes, “nos están pidiendo que endosemos poder para negociar y administrar el dinero que se obtenga de la mina”.

Los habitantes del Río Sonora exponen además que las autoridades prometen que “todo lo que pidamos se nos va a dar, consideramos que debemos ser muy cautelosos porque prácticamente estaríamos firmando un cheque en blanco y nos quedaremos sin derecho a reclamar la verdadera reparación del daño, tanto en lo individual como en lo colectivo”.

Ante esta realidad, el Consejo Ciudadano Pro Rescate y Conservación del Río Sonora propone lo siguiente:

1. Que sean los Presidentes Municipales en conjunto con los ciudadanos y los bufetes jurídicos, quienes negocien y/o en su caso demanden a la mina.

2. Exigir a las dependencias responsables entreguen a la mayor brevedad la información oficial del desastre, el diagnóstico a corto, mediano y largo plazo de las consecuencias del desastre.

3. Que las medidas preventivas (como suspensión de guías, suspensión de pozos no afectados, etc.) sean analizadas y evaluadas en su justa dimensión.

4. Exigir a la mina su propuesta de reparación del daño, y que sea un consejo de ciudadanos, organismos relacionados y autoridades quienes revisen y avalen esta propuesta.

5. Que los Municipios recaben la información de los daños directos y colaterales sufridos por los ciudadanos, sin endosar poder alguno, piensa y analiza mil veces antes de firmar.

El Código Penal Federal referente a los delitos ambientales prevé sanciones económicas superiores a los 320 mil días de salario mínimo y prisión de hasta 9 años para los responsables del derrame de más de 40 mil metros cúbicos de tóxicos en el Río Sonora.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) destacó que además de las sanciones previstas en la ley, los sonorenses afectados por el derrame del represo que tampoco contaba con permisos para ser construido pueden demandar penalmente al Grupo México y exigir su indemnización por el daño ecológico y patrimonial.

Titulo Vigésimo Quinto

Delitos Contra el Ambiente y la Gestión Ambiental

Capítulo Primero

De las actividades tecnológicas y peligrosas

Artículo 414.- Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de trescientos a tres mil días multa al que ilícitamente, o sin aplicar las medidas de prevención o seguridad, realice actividades de producción, almacenamiento, tráfico, importación o exportación, transporte, abandono, desecho, descarga, o realice cualquier otra actividad con sustancias consideradas peligrosas por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, radioactivas u otras análogas, lo ordene o autorice, que cause un daño a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas, a la calidad del agua, al suelo, al subsuelo o al ambiente.

La misma pena se aplicará a quien ilícitamente realice las conductas con las sustancias enunciadas en el párrafo anterior, o con sustancias agotadoras de la capa de ozono y cause un riesgo de daño a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas, a la calidad del agua o al ambiente.

En el caso de que las actividades a que se refieren los párrafos anteriores, se lleven a cabo en un área natural protegida, la pena de prisión se incrementará hasta en tres años y la pena económica hasta en mil días multa, a excepción de las actividades realizadas con sustancias agotadoras de la capa de ozono.

Cuando las conductas a las que se hace referencia en los párrafos primero y segundo de este artículo, se lleven a cabo en zonas urbanas con aceites gastados o sustancias agotadoras de la capa de ozono en cantidades que no excedan 200 litros, o con residuos considerados peligrosos por sus características biológico-infecciosas, se aplicará hasta la mitad de la pena prevista en este artículo, salvo que se trate de conductas repetidas con cantidades menores a las señaladas cuando superen dicha cantidad.

Ya no fueron las lluvias “atípicas” las que provocaron el derrame de más de 40 mil metros cúbicos de ácido y sulfato de cobre, ni la tubería por la que pasan los tóxicos durante el proceso de extracción y lavado, ahora una válvula parece el origen de una contaminación sin precedente en Sonora.

Después de 12 días del inicio de esta triste historia que costará 30 ó 40 millones de pesos al Grupo México, que ha dejado sin agua y sin trabajo a 22 mil sonorenses de la región; que ha provocado la indignación de grupos ajenos a Sonora, que pone en riesgo la economía de la zona y que transita por el camino de la impunidad, se revela que la mano del hombre y no de la naturaleza provocó este ecocidio y crimen industrial.

La tragedia y zozobra  por la que atraviesan más de mil 200 habitantes en este Municipio del Río de Sonora fue aprovechada por algunos políticos quienes solicitaban a los habitantes la Credenciales de Elector a cambio de un garrafón nuevo para ser llenado con el líquido que envían de los pozos expropiados por el Grupo México.

Y otros usureros, sin piedad ni contemplación, expenden el garrafón en 150 pesos.

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