INSUFICIENTE Y SESGADA LA REFORMA FINANCIERA

 

 

 

 

Boletín de prensa

 

Ø La reforma financiera, mas demagogia del gobierno federal.

Ø La política económica, incapaz de aprovechar los recursos disponibles.

Ø La regulación de la competencia inútil si no hay voluntad política.

Ø El mandato a la banca de desarrollo no resuelve la incosteabilidad que impone la política económica a los proyectos

Ayer se promulgó la reforma financiera, en un acto más de simulación en perjuicio de los usuarios de los servicios financieros y de la economía nacional en su conjunto. Con el eufemismo de “más crédito y más barato”, de nueva cuenta el gobierno, con aval del congreso de la unión,  cumplió los caprichos de los banqueros, de los mismos que se han enriquecido de administrar el ahorro, convirtiendo el crédito en un sueño inalcanzable para la mayoría de los mexicanos.

La reforma financiera que constó de 13 iniciativas que afectaron a 34 ordenamientos y la promulgación de una nueva ley de agrupaciones financieras, significa el recrudecimiento de las políticas de mercado, modelo pernicioso que por cierto ha demostrado su peligrosidad  para la economía, en los casos de las crisis financieras de Estados Unidos (2008), España y Grecia (2012).

En el aspecto correspondiente a la ejecución de garantías, ahora los banqueros, sin ninguna obligación real de elevar el crédito y bajar su costo, sí tendrán garantizado el poder ejercer terrorismo en contra de los acreditados, ya que con las reformas al código de comercio, se podrá decretar la “radicación” del deudor, lo que significa un atentado brutal en contra de la libertad de tránsito. Lo más parecido a la cárcel por deudas civiles, prácticamente un retroceso a la edad media.

En un acto de total perversidad, se mandata la creación de tribunales federales bancarios, que emularán, en su momento, a los jueces españoles, fallando sin miramiento alguno, de forma Express, en contra de los acreditados, despojándolos de su patrimonio, sin importar lo abusivo de las cláusulas en los contratos o los contextos de crisis que se avecinan y generando escenarios tan dramáticos como los que vivieron en México en los noventa o actualmente en España.

La mayor de las simulaciones es, sin duda, la reforma a la Ley de la Comisión Nacional para la Protección y  Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, que supuestamente la da más “dientes”, pero en realidad lo redujo a meras posibilidades y a ninguna obligación para las instituciones financieras de someterse en los temas trascendentales a las decisiones de éste órgano. El ejemplo más claro es la posibilidad de la Condusef de declarar abusivas las cláusulas de los contratos financieros, pero eso sí, sin meterse con los verdaderos negocios, las tasas de interés, las comisiones o contraprestaciones que las instituciones le impongan a los acreditados; o la creación del sistema Nacional de arbitraje financiero, pero que son meramente opcionales.

En resumen esta reforma continua el afianzamiento  el imperio del capital financiero, la voluntad de los banqueros y la disposición de este país a sus caprichos e intereses, demostrando, una vez más, que en el  estado de cosas actual es más grave tener una deuda que a una familia en la calle.

Más allá de los discursos elogiosos que pronunciaron los participantes en el evento que festejó la promulgación, es necesario señalar que la reforma financiera no representa un cambio sustancial en la rectoría y el papel de la banca en la economía nacional. Si bien se precisan algunas disposiciones en materia de regulación, lo cierto es que ahora, como antes, su aplicación depende de la voluntad política de aplicarlas o no. Y hasta ahora, no se ve en ninguna área del gobierno, interés en obligar a las empresas y en particular a las trasnacionales a cumplir con las obligaciones que marcan las leyes mexicanas. Más bien, se han aprobado reformas, como la laboral, la de telecomunicaciones y la de energía, que flexibilizan y reducen las obligaciones de las empresas privadas con el país.

Después de negociaciones en la Cámara de Diputados, la reforma se aprobó el 10 de septiembre, con disposiciones para promover la competencia y mejorar la regulación por parte del Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como medidas para regular la deuda de la banca de desarrollo, ante el riesgo de que su nuevo mandato a favor del crédito propiciara un déficit por intermediación financiera como el que contribuyó a la crisis en 1994. Posteriormente, el 26 de noviembre el Senado aprobó sin cambios la minuta enviada por los Diputados.

No obstante, hay que señalar que en esta reforma no se consideraron estrategias para aprovechar y fortalecer al sector social de la economía, para aumentar el ahorro interno y orientarlo a la inversión productiva, así como el papel que debería desempeñar el banco central como instrumento del Estado mexicano en ese esfuerzo. De hecho, el ahorro interno no ha dejado de crecer, pero el financiamiento a las actividades productivas está muy lejos de recuperar los niveles alcanzados antes de la crisis de 1994.

Tampoco abrió la posibilidad de atender a sectores estratégicos del desarrollo nacional, a los que se debería orientar la inversión, en qué proporciones y en qué tiempo. Más bien, como se observa en las reformas energética y de telecomunicaciones, se ignoran las necesidades de esos sectores y se dejan en manos de inversionistas foráneos.

En general, la iniciativa de reformas al sector financiero pasó sin que se analizaran las condiciones macroeconómicas que determinan el comportamiento de la economía, la generación de riqueza, el destino que se debe dar a ésta, de qué forma se vincula al comportamiento del sector financiero, los condicionantes de la rentabilidad de los proyectos y el papel de la paridad; la orientación del crédito, las condiciones de recuperación y  ni siquiera las necesidades de inversión para dar sostenibilidad a la propuesta del gobierno.

El Pronafide 2013-2018 avanza en estos aspectos, pero deja pendientes algunos detalles importantes. Por ejemplo propone incrementar el financiamiento interno al sector privado como proporción del PIB, de 28.8% en 2013 a 40% en 2018, un aumento de 12 puntos porcentuales, y elevar el ahorro financiero interno en esos años de 56.5% a 65.0%, es decir, en 8.5 puntos porcentuales, también como proporción del PIB. Sin embargo, sigue sin profundizar en los factores determinantes para alcanzar su objetivo. ¿Cómo lograrlo si sólo en enero-septiembre salieron del país 28 mil millones de dólares para depositarse en el exterior? ¿Cómo lograrlo en condiciones de concentración del ingreso que impiden que la gran mayoría ahorre y en sea sujeto del crédito? ¿Cómo lograrlo si se ignora el potencial del sector social y todo se orienta a apoyar al sector privado?

Pardójicamente, hasta ahora, la fuente de ahorro que ha registrado un crecimiento más dinámico es el ahorro obligatorio,  el de los trabajadores, el sector social de la economía, cuyo monto se disparó a partir de las reformas al esquema del ahorro para el retiro, pasando de representar 1.05% del PIB en 1993, a 15.2% en 2012. En lugar de preservarlo y garantizar su utilización en beneficio del país, se permitió que los administraran empresas 100% extranjeras.

Por su parte, en el mismo período el ahorro voluntario también creció y pasó de niveles de 27.9% a 40.3% del PIB,  un aumento de 12.4 puntos porcentuales. Sin embargo, ese ahorro voluntario no es el que capta la banca, sino las operadoras de fondos, entre otros, con recursos y orientación de la inversión hacia destinos con alta rentabilidad.

Por otra parte, aunque el gobierno advierte del inevitable cambio en las tasas de interés internacionales, la reforma no evalúa su impacto. El gobierno y Banxico sólo dejan entrever que en caso de que disminuya el flujo de inversión extranjera a deuda pública interna, el gobierno federal aumentará su financiamiento en el mercado interno, elevando inevitablemente las tasas y limitando los recursos de inversión en el mercado interno al sector privado.

Tampoco considera las posibles consecuencias -un preocupación del Banco de México y que él mismo ha dejado de abordar-, acerca de las repercusiones que tendría la regulación aprobada para la operación de los bancos globales, con el propósito de evitar crisis como la de 2008, que obligaría a las filiales de esos bancos que operan en países emergentes a apoyar a su matriz a que cumpla con los nuevos requerimientos de capital, lo que eventualmente repercutiría en la oferta de crédito en México. Eso es grave en un país como México, donde el capital extranjero controla 70.5% de los activos de la banca comercial, 32.8% en las Afores, 63.3% en Aseguradoras y 19% en casas de bolsa.

Y en ese conjunto de omisiones, no prevé una estrategia que dé certidumbre a quienes soliciten créditos para proyectos productivos, de cómo administrar productivamente la posibilidad de un flujo excesivo de divisas, generado por las “reformas”: Porque existe el riesgo de que esos flujos de divisas fortalezcan la paridad, como ha ocurrido en los últimos 14 años, e impacten negativamente en la actividad económica y en la posibilidad de pago del usuario del crédito.

Finalmente, es indispensable que la banca de desarrollo no sólo tenga un mandato a favor del crédito, sino también de compromiso con el sector productivo del país, las empresas industriales, agropecuarias y de servicios, no sólo del sector privado que acumula recursos desmedidamente, sino al sector social de la economía, el sector que es la única garantía de frenar el deterioro en el que se ha sumido a la economía. Hay dos iniciativas, la del banco agropecuario y la del banco social, esperemos que su discusión muestre la disposición de dar una mínima atención a los sectores productivos mayoritarios del país.

Alejandro Castillo Morales
Coordinador de Finanzas Públicas.
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Alejandro Carvajal Hidalgo
Presidente de la Red de Usuarios de Servicios Financieros
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Uriel Vargas Guzmán
Coordinador de Comunicación.

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