POR LA VERDAD Y LA CONFIANZA

 

La calidad de personal de confianza en el sector gubernamental

Dra. Zaida Alicia Lladó Castillo

De todos es sabido que en la mayoría de las áreas de la administración pública en sus diferentes niveles, existen grandes diferencias entre las funciones y sueldos del personal de confianza—vs—los del personal de base, sindicalizado, permanente o como se quiera llamar, etc. Lo que no es novedad.

La Ley Federal del trabajo, de la Administración Pública Federal y la de los Trabajadores al Servicio del Estado, contemplan los puestos denominados de base y confianza; los primeros, como aquellos que la Ley define y protege en sus formas de contratación y permanencia pues se conservan inamovibles e independientes a los cambios derivados de la culminación de ciclos naturales de la administración pública en sus niveles federal, estatal o municipal y en los demás órdenes de gobierno (legislativo y judicial) y que normalmente corresponde a puestos administrativos, algunos de tipo técnico o de servicio. Los segundos, que las leyes definen como de confianza, que corresponden a aquellas actividades que realizan los funcionarios públicos o personas adscritas a éstos, de tipo: directivas, de inspección, vigilancia, fiscalización, manejo de fondos y valores, manejo de bienes, auditoria, adquisiciones, inventarios, investigación científica, asesoría y consultoría, personal o de apoyo en las secretarías particular y privada y aquellas funciones que estén al servicio directo del funcionario o jefe, etc. (art. 5,LFTSE, reglamentaria del art. 123 constitucional).

La propia Ley Federal de Trabajo y la Federal de los Trabajadores del Estado, en su Artículo 9, menciona: “la categoría de trabajador de confianza depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la designación que se dé al puesto”. Argumento que siempre se me ha hecho impreciso, porque la naturaleza de las funciones desempeñadas no se designa por sí sola, sino que siempre responde a un objetivo sectorial general-gubernamental y, éste se toma como base para distribuir la función de confianza en unidades de trabajo, que lleva a su vez a definir los puestos, sus nominaciones (nombres)-- a los que se les designa un nivel en la estructura organizacional según sea el tipo: directivos, profesionales-especializados, administrativos-especializados, técnicos-profesionales, etc.--, la forma en cómo y a quien se le deben rendir cuentas—que debe quedar señalado en los profesiogramas de los puestos de acuerdo a su dificultad, ámbito de competencia y responsabilidad --, y lo que determina la remuneración.

La propia naturaleza de los cargos y su lugar en el organigrama en los puestos directivos, no permite, a quienes son considerados como trabajadores de confianza, la posibilidad de sindicalizarse, y esto tiene una razón lógica pero también legal: simplemente no se puede ser “juez y parte”. La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en su Artículo 70, es muy clara al decir: “los trabajadores de confianza no podrán formar parte de los sindicatos”. Más adelante confirma: “cuando los trabajadores sindicalizados desempeñen un puesto de confianza, quedarán en suspenso todas sus obligaciones y derechos sindicales”.

Lo anterior, pretende proteger a la administración pública de contrataciones incoherentes, y aunque el hecho mismo no es cuestionable, tratándose de trabajadores de base experimentados en el sector que pueden dar mucho si se les asciende a un puesto de confianza, el problema es que si no se tiene control al respecto, el riesgo es alto de que los sindicatos filtren a sus allegados y en cualquier momento, pueden llegar a obedecer más a su líder sindical que a su jefe o al Secretario del ramo.

En el caso de la administración pública federal y estatal, si hay un ejemplo que se puede analizar que cae en una serie de problemáticas e irregularidades, es el sector educativo en su operación central, ya que no es de ahora sino de siempre y está comprobado, que algunos sindicatos magisteriales mayoritarios, han proporcionado desde hace años el mayor número de propuestas (mujeres y hombres) para ocupar los puestos de confianza o de toma de decisiones. Que como decía antes, no tendría nada de malo si se ubica a gente confiable del mismo sector para aprovechar su experiencia y capacidad y darles la oportunidad de crecimiento, pero la mayoría de los casos no es así, generalmente se trata de propuestas a conveniencia de compromisos, prestándose con el tiempo estas prácticas a vicios o corruptelas y convirtiendo al sector, rehén de la voluntad de los líderes. Las prácticas más usuales son entre otras:

1. El trabajador cobra su plaza de base y se le da una compensación o remuneración adicional a la misma, por el desarrollo de la función ejecutiva, que generalmente no compensa la nueva labor profesionalizada, porque dicha compensación está a juicio del directivo, mismo que también corresponde a personal propuesto por los sindicatos.
2. La tendencia de generar plazas (temporales), en los casos de comisionados o asignados a trabajos en las unidades centrales, que cubren interinos, lo que hace que el sindicato gane un trabajador más, designado  por éstos y comprometiéndolo para sus asambleas. Sólo en menores casos se contrata personal foráneo al que se le paga como personal de confianza y desde luego el sueldo está a criterio del Jefe o Secretario.
3. En casos de conflictos, como los que en las últimas fechas hemos visto, no es extraño que algunos funcionarios-sindicalizados esperan recibir la señal de su líder sindical primero, que la de su jefe inmediato o Secretario de Educación. Lo que no es extraño también, que ellos mismos desde adentro y con información de primera mano pueden poner en jaque al sector educativo, en el momento que deseen.
4. Los compromisos de algunos funcionarios o directivos, relacionados con el área de recursos humanos, con líderes sindicales o con preferencia clara a ciertas siglas, hace que se marquen diferencias y se cometan injusticias serias con los trabajadores sindicalizados ubicados en áreas estratégicas de la administración central. Y si por alguna razón algún trabajador de confianza llega a inconformarse con sus líderes, los propios funcionarios del área de recursos humanos de acuerdo con los dirigentes magisteriales, se encargan de lesionar al trabajador, bloqueándoles o haciendo diferencias en el trato, como castigo.

De lo anterior podría dar muchos ejemplos, mismos que han aumentado de manera escandalosa en los últimos años en este sector, no obstante que esto va en contra de la propia Ley Federal del trabajo, que impide que los sindicatos se involucren en la parte directiva y las autoridades se metan a negociar con los sindicatos o a ejercer presión desde la parte administrativa para “que se eduquen”. Ley Federal del Trabajo, en su Artículo 133, establece: “queda prohibido a los patrones: Fracción IV. Obligar a los trabajadores por coacción o por cualquier otro medio, a afiliarse o retirarse del sindicato o agrupación a que pertenezcan, o a que voten por determinada candidatura. …Fracción V. Intervenir en cualquier forma en el régimen interno de los sindicatos”.

El sector educativo federal y estatal, es de revisarse con lupa, porque con las reformas actualmente aprobadas en el Congreso no tengo duda de que van a salir, “sapos”, “víboras”, “ratas” y “alacranes” por la puerta del frente y la de atrás, porque los abusos y actos dudosos han estado a la orden del día por décadas y, ya es hora de meter orden, tanto en el personal de base como en el de confianza.

Algunos otros puntos a checar en este sector, son: 

• Funcionarios que contratan un mayor número de ayudantes, asesores o analistas inventando funciones adicionales que no se justifican o que buscan quedarse con las que si son justificables, sacando a la gente útil, para acomodar ahí a sus preferidos sirvan o no.
• La costumbre, que ya se hizo vicio y escuela, de algunos funcionarios y funcionarias de dividir el monto de un sueldo, para repartirlo entre varios colaboradores.
• O que hacen firmar el recibo por una cantidad total, dándole al trabajador de confianza la mitad y quedándose el funcionario con la diferencia.
• Aprovechar las prestaciones para ampliarlas incorporando a gente—preferentemente familiares--que no trabaja (aviadores), entre otras.
• Seguir simulando cifras, conservando o aumentando el número de grupos y docentes, no obstante que la matrícula viene en descenso desde hace más de 20 años, lo que se ha prestado a inventar listas fantasmas en ciertos centros escolares, para justificar grupos o justificarlos con un mínimo de alumnos.
• O escuelas nocturnas que no existen y que los maestros siguen cobrando, sin ser reubicados a donde hagan falta y devenguen lo que cobran, etc.

Por fortuna, derivado de las recientes reformas, esto va a ser detectado con el censo educativo que próximamente habrá de realizarse, en donde surgirán las comparaciones del inventario docente y presupuestos anteriores y los nuevos, con los que operaran para el 2014. Igualmente al concentrar la nómina nacional, --que veo más como una medida temporal del gobierno federal para restablecer el control hasta que esto se regularice--, se le amarrarán las manos a quienes en el pasado y presente han cometido abusos y actos ilegales en la clandestinidad de la administración pública.

Pero al igual que el sector educativo, es necesario y urgente meter orden en todas las dependencias gubernamentales que por ahí andan “chueco” o que han sido cuestionadas por los órganos fiscalizadores, en especial a sus titulares y personal de confianza, porque éstos deben ser los primeros en dar el mejor ejemplo de trabajo y certidumbre, como lo dice su denominación DE CONFIANZA para el gobierno y PORQUE LA PRESION Y RECORTE VIENE FUERTE DESDE EL NIVEL FEDERAL, Y SE TIENE LA CLARA INTENCION DE CORREGIR ANOMALIAS Y CON ELLO, QUE SALGAN LAS VERDADES COMPLETAS.

Igualmente, adiciono otros aspectos en los que se debe poner orden:

1. En la contratación del personal de confianza asignado a cada funcionario público, control en la asignación de las remuneraciones y hacer una revisión exhaustiva de la forma en que éstos están cobrando y pagando a sus colaboradores. Para evitar fugas y malos manejos.
2. Revisar los profesiogramas no sólo de los que realizan funciones directivas sino de las ayudantías y asesorías; por una parte para ver si los contratados corresponden a un perfil útil para el sector y, eso se resuelve haciendo procedimientos de selección adecuados y controlados, revisando el currículo de cada trabajador de confianza, evaluando si es la persona adecuada en la función correcta, incluyendo en esto a los propios funcionarios; por otra parte, para poner un límite al número de asesores, ayudantías y consejeros internos, que cobran mucho sin hacer nada o están contratados para apoyar en labores personales de los directivos.
3. De lo anterior, definir los tabuladores justos, evitando la marcada diferencia que siempre se ha tenido entre: los sueldos del personal de confianza y el personal de bases o sindicalizado, siendo injusto que al primero se le asigne el monto del sueldo de manera arbitraria o quedando a juicio de quien manda y el segundo, tazado a partir del salario mínimo. Por eso las diferencias diametrales.
4. Establecer controles más rigurosos, para evitar que alguna dependencia en particular asfixie el gasto público del gobierno sea: federal, estatal o municipal, y para evitar números rojos a la hora de rendir cuentas.

Porque si hay algo que le ha dado al traste al gasto gubernamental es el incremento en las nóminas de las dependencias; porque siendo realistas, si ha existido mayor gasto no es por el personal de base o los obreros sindicalizados, sino por los puestos de confianza que se han multiplicado en cada ciclo de gobierno, que con sus muy contadas y honrosas excepciones, corresponde a personas que por desgracia son contratados con esta calidad y la realidad es que son asignadas a funciones de servidumbre, choferes, damas de compañía o de plano como cómplices, convirtiéndose en comodines de los negocios y actos corruptos de los funcionarios y funcionarias.

Estos son los vicios que hay que erradicar en la administración pública del presente, si es que se desea en serio, que cada función sectorial del gobierno, sea: federal, estatal o municipal, o en el orden judicial y legislativo, responda de manera eficiente a la ciudadanía, se optimice el gasto, se amplíe el margen de maniobra del gobierno para hacer más obra pública, se rindan cuentas claras y se logre hacer “más con menos”.

Por qué el horno, hoy, no está para bollos.

Gracias y hasta la próxima.