UNA MIRADA A LOS RECLAMOS DE LA DISIDENCIA MAGISTERIAL

Publicado el 29 agosto, 2013

 

Por Centro de Investigación para el Desarrollo, A. C.

Es innegable y legítima la inconformidad que causa entre los capitalinos el desquiciamiento de su vida cotidiana por parte de las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Como se sabe, el malestar de la disidencia magisterial radica en la reglamentación de la reforma constitucional en materia educativa promulgada el 25 de febrero pasado. Aunque la CNTE ya pide la derogación íntegra de la reforma, el principal punto de discordia es la Ley del Servicio Profesional Docente (LSPD) y los esquemas planteados en ella respecto a evaluaciones, promociones en el escalafón docente, y permanencia en las aulas. Así planteado el conflicto, las protestas de los maestros sonarían carentes de lógica. No obstante, el análisis no puede quedarse en este nivel de superficialidad, por lo cual es imperativo hacer un alto y preguntarse: ¿serán legítimas las demandas de los integrantes de la CNTE?

Si bien evaluar a la docencia constituye una estrategia pilar para mejorar la calidad educativa, los reclamos de la CNTE en el sentido de que las evaluaciones propuestas en la reforma no pueden ser homogéneas dadas las diversas circunstancias en las que los maestros imparten cursos, resultan hasta cierto punto razonables. México ocupó el último lugar entre los 34 países de la OCDE en las pruebas PISA 2012, pero posee a su vez el mayor porcentaje de alumnos provenientes de familias en situación de pobreza (58.8%). Los maestros que imparten cursos en comunidades rurales pobres se enfrentan con problemas de infraestructura en aulas, con recorridos de dos horas o más entre el hogar y la escuela, y a la falta de alimentación adecuada de los alumnos, lo cual forzosamente repercute en el desempeño de los mismos y, sin duda, en la evaluación del maestro. En un sentido utópico, la discusión debiera concentrase en cómo resolver estos problemas estructurales, pero nadie, comenzando por el gobierno, está planteando algo así.

Además, más allá de la discusión sobre la estandarización de las evaluaciones, la CNTE se opone a algunas disposiciones que considera atentan contra sus derechos laborales. Los procesos de evaluación estarían bajo la jurisdicción de la SEP y el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE). Con esto se pretende la eliminación de una de las costumbres más añejas de los gremios magisteriales en México: la discrecionalidad no meritocrática –entendida la meritocracia en términos académicos, no de facultades operativas, movilizadoras o políticas como suele suceder ahora—en la administración del personal docente. También es importante recalcar absurdos considerados como “derechos adquiridos” por ciertos profesores. Por ejemplo, que a un maestro con calificación reprobatoria en el examen del concurso de plazas se le otorgue una base de manera automática, o que en algunas entidades los normalistas obtengan su plaza sólo con terminar la licenciatura.

La intención esencial de cualquier reforma educativa debe ser optimizar la calidad de este derecho consagrado en la constitución. Uno de los puntos fundamentales para lograr el objetivo debiera ser invertir mejor el presupuesto en educación, el cual, a pesar de ser uno de los más elevados entre las naciones de la OCDE, también es uno de los peor ejercidos (91.7% del mismo se invierte en una plantilla laboral que, independientemente de si su desempeño es bueno o malo, tiene una elevada concentración en el nivel de educación básica, y severos déficits en estratos superiores). Del mismo modo, se requerirá ser cuidadosos en conseguir un equilibrio entre los derechos legítimos del gremio, la ponderación de los distintos rezagos estructurales a lo largo del país, y la capacidad de control por parte de las autoridades educativas. Seguir viendo la problemática en blancos y negros impedirá consolidar un sistema educativo competitivo, que sea justo para profesores, padres de familia y alumnos, así como útil para el desarrollo del país.

CIDAC