¿QUIEN?

Aristégui oculta su militancia lopezobradorista; es presunta culpable

por Staff Puebla On Line

En un programa en el que violó todos los postulados de su propio código de ética, la conductora Carmen Aristegui orientó el asunto del retiro por orden judicial del documental Presunto culpable como una expresión de censura del gobierno federal.
Sin embargo, el caso narrado ocurrió a finales de 2005 en la ciudad de México y la conductora eludió, por su militancia lopezobradorista, la contextualización del conflicto.

--¿Quién era jefe de gobierno del DF en diciembre de 2005, cuando detuvieron ilegalmente a José Antonio Zúñiga bajo el cargo de homicidio? Alejandro Encinas como jefe gobernante capitalino interino por designación de López Obrador.

--¿Quién era responsable de la permanencia del viejo sistema judicial y penal priísta en la ciudad de México? El ex priísta López Obrador como jefe de gobierno.
--¿Quién se comprometió a reformar los sistemas de impartición de justicia diseñados por el PRI? López Obrador.
--¿Quién era el procurador de justicia del DF bajo cuyo mando se encontraban los judiciales acusados por el documental de torturar al presunto culpable y que siempre se vanaglorió de haber limpiado el poder judicial? Bernardo Bátiz Vázquez, hoy ministro de Justicia del gobierno legítimo de López Obrador.
--¿Quién es hoy el responsable del poder judicial capitalino que sigue manteniendo a Zúñiga como “presunto culpable” y que fue liberado por la orden de un juez y no por su inocencia? Marcelo Ebrard, jefe de gobierno del DF.
--¿Quién era magistrado del Tribunal Superior de Justicia del DF en diciembre de 2005 y meses posteriores y por tanto de alguna manera corresponsable del proceso judicial kafkiano que mantuvo preso a Zúñiga como presunto culpable? Edgar Elías Azar, hoy presidente del tribunal superior de justicia del DF.
--¿Quién era el secretario de Seguridad Pública del DF en diciembre del 2005 y responsable de la patrulla preventiva que levantó a Zúñiga como presunto culpable? Joel Ortega Cuevas, sucesor de Ebrard y recomendado por Ebrard y más tarde secretario de Seguridad Pública del DF bajo el gobierno de Ebrard, hasta que renunció en el 2008 por su responsabilidad en el caso News Divine.
En su programa de ayer jueves, Aristegui inclusive mantuvo, en un juego de tensión tipo periodismo paparazzi, que la Secretaría de Gobernación había ordenado el retiro del documental, pero sin aclarar que el asunto nada tenía que ver con una censura gubernamental: un familiar del asesinado promovió un amparo para suspender la exhibición del documental por haber usado su imagen sin su permiso.
Pero en el programa de Aristegui se invocó la libertad de expresión por encima de un proceso legal, se insinuó que Gobernación estaba de acuerdo con la censura y permitió acríticamente que el director y la productora acreditaran la decisión a hechos inexplicables, de carácter político y con la intención de fuerzas superiores desconocidas de sacarlo de la circulación.  La conductora no profundizó en las responsabilidades de las autoridades del GDF.
La politización anticalderonista del retiro del documental impidió el ejercicio del periodismo de investigación. En 1993 el poeta y ensayista Gabriel Zaid le ganó una demanda a la revista Mira, propiedad del columnista Miguel Angel Granados Chapa, por haber publicado sin su autorización una foto en un acto cultural público. En el caso del cantante Kalimba, los medios violaron la intimidad de una menor de edad al difundir su nombre y su imagen a pesar de las prohibiciones de ley. Recientemente hubo quejas de la funcionaria del GDF Elena Cepeda y del escritor Xavier Velasco por la publicación de imágenes en medios sin autorización y con cierta maldad al retratar gestos nada agradables.

En todos estos casos hubo una invasión de la intimidad protegida por la ley. El periodismo, por tanto, debiera de acotarse a esas limitaciones. Pero el programa de Aristegui en el 2006 difundió unas grabaciones del entonces gobernador Mario Marín que violaban la Constitución y que derivaron en una reforma constitucional para legalizar el espionaje político que restringió las libertades constitucionales.
Se trata de casos de periodismo paparazzi, de periodismo de tabloide, de escándalo. El documental “Presunto culpable” es un señalamiento severo de la corrupción en el sistema de impartición de justicia en el DF durante las gestiones perredistas. Pero ahora mismo en el sistema judicial perredista en el DF se sigue considerado a Zúñiga como “presunto culpable”.
Es un caso del viejo modelo judicial priísta vigente en las gestiones del PAN y el PRD en el poder. De ese sistema que condenó en 1969, vía el juez de consigna Eduardo Ferrer McGregor, a José Revueltas bajo el cargo de haber inducido en el 68 a la “autosugestión universitaria” (era autogestión) y por haber insultado al “señor Presidente” diciéndole Tlacatlecuhtli, creyendo que era una ofensa y en realidad era una caracterización similar a Tlatoani.
No hay, pues, por qué sorprenderse. Lo que llama la atención --y los medios han desviado la atención-- es que Presunto culpable denuncia un caso de impunidad policiaca y judicial en el régimen perredista en el DF pero con la misma estructura jurídica que el priísmo. Parafraseando a Narciso Bassols, en el viejo régimen las leyes se hicieron para controlar al adversario, no para promover la democracia. Y el sistema policiaco-judicial-penal perredista confirma que las cosas siguen igual que en los tiempos priístas.

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