A la opinión pública:

Resulta del conocimiento público que, el pasado 10 de noviembre de este año, fue enviada al Congreso del Estado la iniciativa de reforma al código electoral para disminuir el financiamiento a los partidos políticos.

Lo anterior, solo es el resultado del revanchismo político del pasado proceso electoral que busca callar las voces críticas de la oposición.

No debe olvidarse que, en el año dos mil veinte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación asestó sendos golpes jurídicos que evidenció la forma de legislar en Veracruz, al no tomar en cuenta las voces de las personas indígenas, ordenando que se hiciera una consulta al advertir que se violentaban sus derechos; de igual manera, se restituyó el orden jurídico al conservar la instalación de consejos municipales del OPLE, sin pasar por alto, la figura de la revocación de mandato en la entidad veracruzana, figura que fue aprobada con la protección del actual titular del poder ejecutivo, evitando someterse a dicho procedimiento.

Hoy, se sostiene que dicha reforma encuentra sustento a partir de la situación financiera imperante, derivada de factores diversos, tales como las consecuencias ocasionadas por el virus del COVID-19, los desastres naturales registrados en la entidad y los problemas estructurales de naturaleza económica originados por el dispendio y el orden financiero debidos a la corrupción y mal manejo de las finanzas públicas locales cometidos por las administraciones anteriores.

Mienten quienes hoy defienden dicha medida, pues dicha medida solo busca recaudar fondos para ser utilizados en los programas clientelares que se han venido ejerciendo desde el gobierno federal.

Mienten cuando dicen que es por la situación financiera, pues en muchas ocasiones han sostenido que hoy se viven tiempos de cambio, que desde el gobierno del estado imperan finanzas sanas y buen manejo de los recursos, sin embargo, de acuerdo a datos del secretario de finanzas, durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Estado, la entidad ha venido recurriendo a créditos para afrontar compromisos de fin de año.

Al respecto, en 2017 se recurrió a un crédito de cuatro mil 400 millones de pesos, en 2018 el gobierno estatal solicitó dos mil 500 millones, dos mil 400 en 2019 y mil 800 en 2020. Para 2021, el monto del préstamo será de entre mil 200 y mil 400 millones de pesos.

Ni que decir del uso de empresas fantasmas en sus licitaciones por adjudicación directa, tanto en la Secretaría de Salud, Turismo, Obras Públicas, Sedarpa, Sedesol, por solo citar algunos, en donde incluso han incurrido en sub ejercicio.

En materia educativa, hoy existen mas de seiscientos mil analfabetas, sin contar las carencias en aulas, en donde padres de familia han tenido que solventar los gastos en cada uno de los planteles para lograr su adecuación y garantizar el regreso presencial a clases.

Como se ve, no son los partidos políticos quienes dañan a Veracruz, son quienes hoy detentan el poder, pues encarcelando a opositores, utilizando a la Fiscalía General del Estado como su brazo ejecutor se sacan de la manga delitos que por arte de magia estuvieron durmiendo el sueño de los justos en las carpetas de investigación.

Piensan que, disminuyendo los recursos económicos a los partidos políticos, que obligando a alcaldes electos y a diputados locales a sumarse a sus filas desaparecerán a sus adversarios políticos.

En el caso concreto, el Partido de la Revoluciòn Democrática, seguirá vigente, pues cuenta con el mayor capital que es la ciudadanía, y que en este proceso electoral ratificó la confianza depositada en las urnas mediante el voto.

El PRD seguirá en el plano político electoral haciendo campañas y concientizando a la población a ras de piso, con propuestas de mejoras y con soluciones a sus demandas sociales.

“DEMOCRÁCIA YA, PATRIA PARA TODOS”

Resulta del conocimiento público que, el pasado 10 de noviembre de este año, fue enviada al Congreso del Estado la iniciativa de reforma al código electoral para disminuir el financiamiento a los partidos políticos.

Lo anterior, solo es el resultado del revanchismo político del pasado proceso electoral que busca callar las voces críticas de la oposición.

No debe olvidarse que, en el año dos mil veinte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación asestó sendos golpes jurídicos que evidenció la forma de legislar en Veracruz, al no tomar en cuenta las voces de las personas indígenas, ordenando que se hiciera una consulta al advertir que se violentaban sus derechos; de igual manera, se restituyó el orden jurídico al conservar la instalación de consejos municipales del OPLE, sin pasar por alto, la figura de la revocación de mandato en la entidad veracruzana, figura que fue aprobada con la protección del actual titular del poder ejecutivo, evitando someterse a dicho procedimiento.

Hoy, se sostiene que dicha reforma encuentra sustento a partir de la situación financiera imperante, derivada de factores diversos, tales como las consecuencias ocasionadas por el virus del COVID-19, los desastres naturales registrados en la entidad y los problemas estructurales de naturaleza económica originados por el dispendio y el orden financiero debidos a la corrupción y mal manejo de las finanzas públicas locales cometidos por las administraciones anteriores.

Mienten quienes hoy defienden dicha medida, pues dicha medida solo busca recaudar fondos para ser utilizados en los programas clientelares que se han venido ejerciendo desde el gobierno federal.

Mienten cuando dicen que es por la situación financiera, pues en muchas ocasiones han sostenido que hoy se viven tiempos de cambio, que desde el gobierno del estado imperan finanzas sanas y buen manejo de los recursos, sin embargo, de acuerdo a datos del secretario de finanzas, durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Estado, la entidad ha venido recurriendo a créditos para afrontar compromisos de fin de año.

Al respecto, en 2017 se recurrió a un crédito de cuatro mil 400 millones de pesos, en 2018 el gobierno estatal solicitó dos mil 500 millones, dos mil 400 en 2019 y mil 800 en 2020. Para 2021, el monto del préstamo será de entre mil 200 y mil 400 millones de pesos.

Ni que decir del uso de empresas fantasmas en sus licitaciones por adjudicación directa, tanto en la Secretaría de Salud, Turismo, Obras Públicas, Sedarpa, Sedesol, por solo citar algunos, en donde incluso han incurrido en sub ejercicio.

En materia educativa, hoy existen mas de seiscientos mil analfabetas, sin contar las carencias en aulas, en donde padres de familia han tenido que solventar los gastos en cada uno de los planteles para lograr su adecuación y garantizar el regreso presencial a clases.

Como se ve, no son los partidos políticos quienes dañan a Veracruz, son quienes hoy detentan el poder, pues encarcelando a opositores, utilizando a la Fiscalía General del Estado como su brazo ejecutor se sacan de la manga delitos que por arte de magia estuvieron durmiendo el sueño de los justos en las carpetas de investigación.

Piensan que, disminuyendo los recursos económicos a los partidos políticos, que obligando a alcaldes electos y a diputados locales a sumarse a sus filas desaparecerán a sus adversarios políticos.

En el caso concreto, el Partido de la Revoluciòn Democrática, seguirá vigente, pues cuenta con el mayor capital que es la ciudadanía, y que en este proceso electoral ratificó la confianza depositada en las urnas mediante el voto.

El PRD seguirá en el plano político electoral haciendo campañas y concientizando a la población a ras de piso, con propuestas de mejoras y con soluciones a sus demandas sociales.

“DEMOCRÁCIA YA, PATRIA PARA TODOS”