ALMA GRANDE

Muerte Civil o impunidad Por Ángel Álvaro Peña La muerte civil como castigo elemental a los funcionarios corruptos fue aprobada por los senadores de manera unánime. Ahí no sólo tuvieron que ver quienes acusan sino quienes son señalados como responsables de algún acto de corrupción. La expectativa de los mexicanos sobre el castigo de los funcionarios corruptos había quedado suspendida entre el desprestigio y la impunidad. No castigarlos servía para hacer campaña de descrédito, política y electoral. Es decir, exhibir a los corruptos ha servido de mucho para que la gente no confíe en los candidatos de partidos diferentes a Morena. Logrará triunfos importantes gracias a esta estrategia de no castigar pero sí exhibir a los malos funcionarios públicos. México ahora seguirá los pasos de Perú y aplicará la “muerte civil” para funcionarios corruptos, con la reforma aprobada por el Senado se inhabilitará de manera definitiva y temporal a servidores públicos cuando incurran en faltas administrativas graves. Aunque la medida estaba vigente en la Constitución se veía lejana su aplicación y ahora es aprobada por la unanimidad de 110 votos, sin embargo, no llega a ser tan severa como se esperaba, esto para un país que perdió, durante 18 años, billones de dólares al interior de Pemex, o como los casos de Higa, Odebrecht y La Estafa Maestra de quien todos saben que hubo actos de corrupción, pero nadie ha salido castigado. La corrupción es corrupción y no debe ser medible por ninguna unidad, deja mucho que desear que la sanción sea una inhabilitación de uno y hasta 10 años, si el monto de la afectación no excede 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, esta medida del INEGI es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales; en 2019 el valor diario es de 84.49 pesos, es decir, si la afectación de 200 veces es una afectación de 168 mil pesos. También se plantea la inhabilitación temporal para cuando no se hayan causado daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, una sanción de tres meses a un año de inhabilitación. Así que la muerte civil para estos corruptos de medio pelo no será grave, sino que gozaran de unos cuantos años de inactividad. En Perú, en 2017, se encontró a 87 funcionarios públicos culpables de corrupción y se les aplicó la muerte civil, en ese momento la presidenta del Consejo de Ministros criticó la conducta moral de los funcionarios al señalar que hicieron gran daño al país, robándole oportunidades de bienestar a la población, provocando brechas sociales y falta de servicios básicos como agua, salud y educación, por lo que el despido fue definitivo y no volverán a ser contratados por el Estado. En cambio, en México se modifica el artículo 78 para imponer la inhabilitación definitiva para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, cuando los servidores públicos incurran en una falta grave, establecida en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Cabe destacar que se aplicará sólo en el caso de que el monto de la afectación de la falta administrativa grave exceda mil quinientas veces el valor diario de la UMA, 1 millón 267 mil pesos, entonces el castigo será por perpetuidad. Quién podría creer que este apartado fue propuesto por el senador Miguel Ángel Mancera, quien a su paso por el gobierno de la Ciudad de México dejó una estela de corrupción, como el famoso cártel inmobiliario que se benefició durante su gobierno, la planta termovalorizadora más cara de la historia y la cual no solucionaría el problema de la basura en la ciudad, pero eso sí tendría una concesión por 33 años; la entrega de apoyos y reconstrucción a damnificados del sismo del 19 de septiembre, en la cual se entregaron contratos millonarios a empresas patito y la desplomada Plaza Artz Pedregal, la cual se habló que se había construido bajo estrictas normas de seguridad y cuatro meses después de inaugurada se desplomó. La muerte civil ha sido extrañamente apoyada de manera unánime por las bancadas que se han visto favorecidas por esta práctica, que aunque existe el artículo no había disposición para aplicarlo y así lo detalló Clemente Castañeda, presidente de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, dijo que en 12 años, la Secretaría de la Función Pública impuso 112 mil sanciones económicas, 14 mil millones de pesos, a 93 mil 527 servidores públicos. Sin embargo, la mayoría de ellas no se sostiene ante tribunales, y los actos de corrupción quedan impunes. Sólo en 28 casos de los citados, procedió la inhabilitación. El senador Oswaldo Fuente Solís, del PAN, aplaudió la medida que inhabilita de por vida a un servidor público por actos de corrupción y mal uso de sus funciones. En Nuevo León, dijo, nueve de cada 10 empresas manifestaron tener conocimiento de actos de corrupción realizados por servidores públicos. La senadora del PRI, Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, dijo que el combate a la corrupción no es un asunto de partidos ni de poderes. Es un asunto de unidad y voluntad de todos los actores gubernamentales y ciudadanos, para que el servicio público cumpla a cabalidad la ley. Con un destello de brillantez el senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, aseguró que para la “muerte civil” no debe importar el monto o la ofensa. Por cualquier acto de corrupción deben ser inhabilitados de por vida. La senadora Antares Vázquez Alatorre, de Morena, destacó el hecho de que se legisle en contra de prácticas corruptas para sanear al servicio público. Señaló que desde hace décadas ya había leyes que sancionan esas prácticas, pero no existía voluntad política para tomar las decisiones, como se ha hecho en el actual gobierno contra el robo de combustibles y el desvío de recursos. La muerte civil es un castigo muy leve para quien, a sabiendas de que delinque con alevosía y ventaja, incurre en una falta que puede repercutir en graves daños a la población. Cualquier castigo es leve mientras no se le exija al funcionario corrupto regresar al erario lo que se robó. PEGA Y CORRE.- Los taxistas del EdoMex, que no se caracterizan por dar un servicio con seguridad ni tratar amablemente al pasajero y es de los más caros del país, ahora interpondrán un amparo contra Uber y Cabify. Los usuarios ven en estas dos empresas una posibilidad de viajar seguros y ser objeto de trato amable, pero los taxistas adheridos a la Unión Nacional de Movilidad, quieren seguir cobrando lo que se les pega la gana, porque tienen de su parte al gobernador priista…Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes. Dudas y comentarios: angelalvarop@hotmail.com