ALMA GRANDE
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Recetas que matan
Por Ángel Álvaro Peña
Negociar con la salud es un crimen. Su práctica merece castigos ejemplares para que nadie vuelva a jugar con la vida y la muerte de los mexicanos.
Hacienda dio a conocer el nombre de las empresas protegidas por el régimen anterior, que monopolizaban el mercado de la salud, lo que conlleva a imponer los precios que ellos dictaban.
Los mexicanos no pueden soportar los precios de los medicamentos que son inalcanzables para la gran mayoría; sin embargo, para quienes tienen posibilidades de adquirir medicamentos a cualquier precio también resulta un gasto inexplicable, sobre todo porque esa monopolización de las medicinas arroja injusticias que terminarían por conducir a la tumba a los enfermos ante la imposibilidad de pagar los altos precios.
Pocos son los países del mundo donde estos laboratorios tienen ganancias tan desproporcionadas como México, de tal suerte que deberá actuarse de inmediato. Desde luego que en cuanto se anuncie la medida los medios incondicionales a los intereses privados anunciarán desabasto, enfermedad y muerte, cuando en realidad el precio de los medicamentos, inalcanzable para la mayoría de los mexicanos, crea enfermedad y muerte. Se informó que el Grupo Fármacos Especializados encabeza la lista de los 10 proveedores de medicamentos que recibieron contratos millonarios en la administración de Enrique Peña Nieto y que concentraron 79.6 por ciento del gasto, reveló la Secretaría de Hacienda.
El gasto total en el periodo 2012–2018 fue de 335 mil 342 millones de pesos, de los cuales 303 mil 076.6 millones de pesos, equivalente al 90 por ciento, corresponde a medicamentos y 32 mil 265.3 millones de pesos, 11 por ciento, a material de curación.
De los 303 mil 76.6 millones de pesos que se autorizaron en el sexenio pasado para la compra de medicamentos, el 35.2 por ciento, 106 mil 813.3 millones de pesos, fue asignado a Grupo Fármacos Especializados S.A. de .C.V; el 11.6 por ciento (35 mil 149.3 millones de pesos) a Farmacéuticos Maypo S.A. de C.V; un 11.4 por ciento (34 mil 620.4 millones de pesos) para la Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, DIMESA; mientras que Ralca S.A. de C.V. y Comercializadora de Productos Institucionales S.A. de C.V. recibieron 5 por ciento cada una, (15 mil 267.7 millones de pesos)
Otros laboratorios son Savi Distribuciones con 2.9 por ciento, 8 millones 689.6 pesos; Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México SA de CV con 2.4 por ciento, 7 millones 134.8 pesos; Compañía Internacional Médica obtuvo el 2.3 por ciento, 7 millones 086.2 pesos; Comercializadora Pentamed recibió el 2.1 por ciento, 6 millones 396.9, y Vitasanitas acaparó el 1.6 por ciento de las compras de medicamentos, 4 millones 797.5 pesos.
En cuanto al material de curación, de los 32 mil 265 millones de pesos ejercidos en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Dentilab S.A. de C.V. obtuvo el 9.6 por ciento de las compras, equivalente a 3 mil 94.2 millones de pesos. La lista de beneficiarios del priismo sigue, y muestra cómo los precios de la salud en México estaban en manos de unos cuantos, que amigos o cómplices de los funcionarios del sector salud, se enriquecían con la enfermedad de pobres y ricos.
El ex secretario de Salud y ex rector de la UNAM, José Narro Robles, debió darse cuenta de este tipo de anomalías; sin embargo, en busca de perpetuarse en su carrera política nunca denunció ni movió un dedo en favor de la salud de los mexicanos, a pesar de ser médico de profesión.
Era el signo de los tiempos, de esos tiempos. Era la característica de los priistas en el poder.
López Obrador comentó que había empresas que mantenían “el monopolio” del abasto de las medicinas al Gobierno y que sin duda hay funcionarios responsables que lo promovían. Criticó que aunque se gastaban hasta 80 mil millones de pesos en la compra de medicamentos, en los hospitales no había abasto.
A finales de febrero, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, informó que la dependencia abrió 50 carpetas de investigación por la presunta comisión del delito de corrupción en el sector salud por la compra de medicamentos durante el Gobierno del priista Enrique Peña Nieto.
Los altos precios de las medicinas era un negocio redondo para todos los implicados, pero sobre todo para los laboratorios, en su mayoría empresas transnacionales y para los funcionarios públicos que permitían este tipo de abusos a cambio de muy altas comisiones, cuyo monto era agregado al precio de los medicamentos sin piedad.
La barbarie de los laboratorios farmacéuticos en México lleva casi un siglo manteniendo a los gobiernos chantajeados, comprados, alquilados y sometidos. Ellos fijan el precio de un medicamento que en términos reales no debe ser costoso.
De hecho, en la mayoría de los países del mundo, la investigación de los laboratorios está a cargo de las universidades públicas y los grandes hospitales del sector de la salud, es decir, que pagamos los contribuyentes la investigación que es usada por los laboratorios farmacéuticos para que luego ellos la utilicen y en lugar de regresarnos medicamentos baratos o gratuitos, les imponen precios de monopolio.
Es una regla que los laboratorios farmacéuticos gastan más en publicidad que en investigación, porque ésta la realizan las instituciones públicas de los países sometidos, sobre todo los más pobres.
Las propinas que han recibido los funcionarios públicos mexicanos por permitir que actúen como se les pegaba la gana a los farmacéuticos no tienen límite. Desde unas vacaciones con todo pagado en Europa, hasta casas de campo en México y el extranjero, departamentos de lujo, automóviles, etc. Todo a costa de la salud de los mexicanos.
Todo para que paguemos dos, tres o cien veces más de lo justo los medicamentos que enriquecen a unos cuantos.
De acuerdo con el informe, entre 2012 y 2018, la administración del priista Enrique Peña Nieto gastó 335 mil 342 millones de pesos en medicamentos y material de curación, de los cuales 251 mil 456 millones de pesos correspondieron al IMSS y 83 mil 835 millones de pesos al ISSSTE.
Se hace necesario, urgente, que se regrese a su cauce justo la salud en el país, pero, sobre todo, se castigue a quienes por su culpa seguramente murieron cientos o miles de mexicanos que no pudieron adquirir los medicamentos que necesitaban debido a los precios que imponían a su arbitrio.
Los funcionarios públicos que tienen como prioridad el servicio a los demás se volvieron deshumanizados en nombre de su enriquecimiento ilícito, no piensan en el pueblo nunca lo hicieron. Nunca lo harán. PEGA Y CORRE.- A partir de mañana empiezan a buscarse osamentas en la Ciudad de México, y de encontrarse restos humanos en el territorio de la capital, las autoridades perredistas deberán dar algo más que explicaciones… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
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