Artículo 5: Ser libre de la tortura
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Existe una prohibición absoluta en la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) que es aceptada de forma universal e inequívoca: la prohibición de la tortura consignada en el Artículo 5.
En ocasiones, puede que los Estados hayan discutido sobre la definición de lo que constituye tortura, pero virtualmente ninguno defiende abiertamente su práctica ahora, incluso si todavía la llevan a cabo en "algunos de los rincones más oscuros de nuestro planeta", tal y como lo describió el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La prohibición de la tortura es otro reflejo de la repulsión contra los campos de concentración y los experimentos médicos nazis con personas vivas que motivaron a los redactores de la DUDH a finales de los años cuarenta.
La prohibición de la tortura se describe con mayor detalle en la Convención contra la Tortura de la ONU de 1984, la cual prohíbe la tortura de forma meridianamente clara: "No hay circunstancias excepcionales en absoluto, ya se trate de un estado de guerra o una amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública; ninguno de estos argumentos puede ser invocado para justificar la tortura".
Dado este rechazo universal, ¿por qué una sociedad democrática contemporánea toleraría el uso de la tortura? El argumento más frecuente a favor de la tortura es que, particularmente en la lucha contra el terrorismo, puede salvar vidas de personas inocentes.
Aparte de todas las fallas en el argumento imaginario de la "bomba de relojería" (¿Cómo saben las fuerzas de seguridad que tienen a la persona adecuada? ¿Cómo saben que el sospechoso no inventará las cosas simplemente para aliviar su dolor?), la mayoría rechaza la tortura por ser una excusa para hacer valer el poder por medio de un comportamiento deshumanizador.
La prohibición de la tortura es tan absoluta que el órgano de la ONU encargado de monitorear su prevención ha recomendado que incluso en la formación a los soldados se les recuerde que tienen la obligación de desobedecer las órdenes de un oficial superior para cometer torturas. El hecho de que varios Estados se hayan esforzado tanto para redefinir algunas de sus prácticas, argumentan algunos, demuestra que actualmente se respeta la prohibición universal de la tortura, y que incluso se intenta subvertirla.
Tras los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos en 2001, el gobierno del Presidente George W. Bush reinterpretó la palabra "tortura" de una forma muy estricta en un esfuerzo por dar a sus oficiales margen de maniobra para maltratar a los sospechosos. Las circulares que se hicieron públicas más tarde demostraron que dicha administración creía que la prohibición de la tortura era "pintoresca" y "obsoleta", y que no se aplicaba en lo que denominaba "guerra contra el terrorismo", e incluso que el Presidente podía "anular" el derecho internacional.
Se inventaron nuevos eufemismos para encubrir las acciones de la administración. Bajo el término de "rendición extraordinaria", los Estados Unidos llevaron a los sospechosos a "sitios oscuros" como los centros de detención en Abu Ghraib, en Irak; la prisión de Bagram, en Afganistán o la Bahía de Guantánamo, en Cuba, para someterlos a "técnicas de interrogación mejoradas".
Estas escandalosas prácticas fueron condenadas por una larga lista de organizaciones y personas, incluidas varios generales retirados, almirantes, abogados militares y oficiales de inteligencia. Sin embargo, cualquier discusión sobre derechos humanos se vio sumergida bajo discusiones más "prácticas", irrelevantes según el derecho internacional, sobre si la tortura era un medio eficaz y fiable para extraer información útil.
Finalmente, fue la omnipresente cámara digital y no los argumentos morales, la que cambió la tendencia en contra de una “definición lejana” de la tortura. Las fotos de prisioneros iraquíes desnudos y humillados mientras soldados de Estados Unidos sonreían orgullosamente frente a la cámara se convirtieron en el símbolo de los abusos oficiales de derechos humanos. Los Estados Unidos repudiaron después estas prácticas.
Hoy en día, activistas de todo el mundo arriesgan sus vidas para documentar abusos y difundir rápidamente pruebas en las redes sociales. Pero lo que se hace con la información depende de la voluntad política. "El problema no es la falta de alerta temprana", dice Pierre Sané, de Senegal, ex jefe de Amnistía Internacional, el problema es "la falta de acción temprana".
Aun así, la ONU considera que el monitoreo regular de los lugares de detención por parte de mecanismos independientes de supervisión internos y externos es uno de los métodos más efectivos para prevenir la tortura. El estatus internacional de los derechos humanos significa que el comportamiento de los Estados y las personas ya no se rige únicamente por las normas nacionales. Los tratados contra la tortura, de órganos universales y regionales, (así como contra el genocidio y las desapariciones forzadas) han prevalecido sobre los argumentos de que ciertas personas gozan de inmunidad internacional frente al enjuiciamiento.
Según el principio conocido como "jurisdicción universal", las personas sospechosas de los crímenes internacionales más graves, incluida la tortura, pueden ser arrestadas, juzgadas y condenadas en países distintos al suyo.
Como lo expresó una ex Jefa de Derechos Humanos de la ONU, Navi Pillay, "nadie se libra, ni los torturadores mismos, ni los responsables políticos, ni los funcionarios públicos que definen la política o dan las órdenes". Como ejemplo, "Chuckie" Taylor, hijo del ex presidente de Liberia, que está en prisión en Florida, Estados Unidos, cumpliendo una sentencia de 97 años por tortura y otras violaciones de derechos humanos cometidas en su tierra natal.
Cuando el ex dictador chileno Augusto Pinochet murió en 2006, ya había pasado un año y medio bajo arresto domiciliario en Londres, y al regresar a Chile fue acusado de varios de los más de 300 crímenes en los que estuvo implicado respecto a violaciones de derechos humanos durante la dictadura militar de 1973 a 1990. A pesar de que Pinochet estuvo bajo arresto domiciliario, cuando murió aún no había sido juzgado ni condenado.
En 1975, una joven fue arrestada por la policía política de Pinochet e interrogada en el infame centro de tortura Villa Grimaldi en la capital de Chile, Santiago. Décadas más tarde, una vez restablecida la democracia, Michelle Bachelet ocupó dos veces el cargo de Presidenta de Chile. Hoy es ella la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
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Este es uno de una serie de artículos publicados por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ONU-DH) para conmemorar el 70 aniversario de la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948. Todos los derechos consagrados en la DUDH están relacionados con entre sí, y todos son igualmente importantes.
Para mayor información favor de contactar a Rupert Colville - + 41 22 917 9767 / rcolville@ohchr.org o Ravina Shamdasani - + 41 22 917 9169 / rshamdasani@ohchr.org
Artículo 5: Ser libre de la tortura
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Existe una prohibición absoluta en la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) que es aceptada de forma universal e inequívoca: la prohibición de la tortura consignada en el Artículo 5.
En ocasiones, puede que los Estados hayan discutido sobre la definición de lo que constituye tortura, pero virtualmente ninguno defiende abiertamente su práctica ahora, incluso si todavía la llevan a cabo en "algunos de los rincones más oscuros de nuestro planeta", tal y como lo describió el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La prohibición de la tortura es otro reflejo de la repulsión contra los campos de concentración y los experimentos médicos nazis con personas vivas que motivaron a los redactores de la DUDH a finales de los años cuarenta.
La prohibición de la tortura se describe con mayor detalle en la Convención contra la Tortura de la ONU de 1984, la cual prohíbe la tortura de forma meridianamente clara: "No hay circunstancias excepcionales en absoluto, ya se trate de un estado de guerra o una amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública; ninguno de estos argumentos puede ser invocado para justificar la tortura".
Dado este rechazo universal, ¿por qué una sociedad democrática contemporánea toleraría el uso de la tortura? El argumento más frecuente a favor de la tortura es que, particularmente en la lucha contra el terrorismo, puede salvar vidas de personas inocentes.
Aparte de todas las fallas en el argumento imaginario de la "bomba de relojería" (¿Cómo saben las fuerzas de seguridad que tienen a la persona adecuada? ¿Cómo saben que el sospechoso no inventará las cosas simplemente para aliviar su dolor?), la mayoría rechaza la tortura por ser una excusa para hacer valer el poder por medio de un comportamiento deshumanizador.
La prohibición de la tortura es tan absoluta que el órgano de la ONU encargado de monitorear su prevención ha recomendado que incluso en la formación a los soldados se les recuerde que tienen la obligación de desobedecer las órdenes de un oficial superior para cometer torturas. El hecho de que varios Estados se hayan esforzado tanto para redefinir algunas de sus prácticas, argumentan algunos, demuestra que actualmente se respeta la prohibición universal de la tortura, y que incluso se intenta subvertirla.
Tras los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos en 2001, el gobierno del Presidente George W. Bush reinterpretó la palabra "tortura" de una forma muy estricta en un esfuerzo por dar a sus oficiales margen de maniobra para maltratar a los sospechosos. Las circulares que se hicieron públicas más tarde demostraron que dicha administración creía que la prohibición de la tortura era "pintoresca" y "obsoleta", y que no se aplicaba en lo que denominaba "guerra contra el terrorismo", e incluso que el Presidente podía "anular" el derecho internacional.
Se inventaron nuevos eufemismos para encubrir las acciones de la administración. Bajo el término de "rendición extraordinaria", los Estados Unidos llevaron a los sospechosos a "sitios oscuros" como los centros de detención en Abu Ghraib, en Irak; la prisión de Bagram, en Afganistán o la Bahía de Guantánamo, en Cuba, para someterlos a "técnicas de interrogación mejoradas".
Estas escandalosas prácticas fueron condenadas por una larga lista de organizaciones y personas, incluidas varios generales retirados, almirantes, abogados militares y oficiales de inteligencia. Sin embargo, cualquier discusión sobre derechos humanos se vio sumergida bajo discusiones más "prácticas", irrelevantes según el derecho internacional, sobre si la tortura era un medio eficaz y fiable para extraer información útil.
Finalmente, fue la omnipresente cámara digital y no los argumentos morales, la que cambió la tendencia en contra de una “definición lejana” de la tortura. Las fotos de prisioneros iraquíes desnudos y humillados mientras soldados de Estados Unidos sonreían orgullosamente frente a la cámara se convirtieron en el símbolo de los abusos oficiales de derechos humanos. Los Estados Unidos repudiaron después estas prácticas.
Hoy en día, activistas de todo el mundo arriesgan sus vidas para documentar abusos y difundir rápidamente pruebas en las redes sociales. Pero lo que se hace con la información depende de la voluntad política. "El problema no es la falta de alerta temprana", dice Pierre Sané, de Senegal, ex jefe de Amnistía Internacional, el problema es "la falta de acción temprana".
Aun así, la ONU considera que el monitoreo regular de los lugares de detención por parte de mecanismos independientes de supervisión internos y externos es uno de los métodos más efectivos para prevenir la tortura. El estatus internacional de los derechos humanos significa que el comportamiento de los Estados y las personas ya no se rige únicamente por las normas nacionales. Los tratados contra la tortura, de órganos universales y regionales, (así como contra el genocidio y las desapariciones forzadas) han prevalecido sobre los argumentos de que ciertas personas gozan de inmunidad internacional frente al enjuiciamiento.
Según el principio conocido como "jurisdicción universal", las personas sospechosas de los crímenes internacionales más graves, incluida la tortura, pueden ser arrestadas, juzgadas y condenadas en países distintos al suyo.
Como lo expresó una ex Jefa de Derechos Humanos de la ONU, Navi Pillay, "nadie se libra, ni los torturadores mismos, ni los responsables políticos, ni los funcionarios públicos que definen la política o dan las órdenes". Como ejemplo, "Chuckie" Taylor, hijo del ex presidente de Liberia, que está en prisión en Florida, Estados Unidos, cumpliendo una sentencia de 97 años por tortura y otras violaciones de derechos humanos cometidas en su tierra natal.
Cuando el ex dictador chileno Augusto Pinochet murió en 2006, ya había pasado un año y medio bajo arresto domiciliario en Londres, y al regresar a Chile fue acusado de varios de los más de 300 crímenes en los que estuvo implicado respecto a violaciones de derechos humanos durante la dictadura militar de 1973 a 1990. A pesar de que Pinochet estuvo bajo arresto domiciliario, cuando murió aún no había sido juzgado ni condenado.
En 1975, una joven fue arrestada por la policía política de Pinochet e interrogada en el infame centro de tortura Villa Grimaldi en la capital de Chile, Santiago. Décadas más tarde, una vez restablecida la democracia, Michelle Bachelet ocupó dos veces el cargo de Presidenta de Chile. Hoy es ella la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
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Este es uno de una serie de artículos publicados por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ONU-DH) para conmemorar el 70 aniversario de la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948. Todos los derechos consagrados en la DUDH están relacionados con entre sí, y todos son igualmente importantes.
Para mayor información favor de contactar a Rupert Colville - + 41 22 917 9767 / rcolville@ohchr.org o Ravina Shamdasani - + 41 22 917 9169 / rshamdasani@ohchr.org
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