COLUMNA ALMA GRANDE ANGEL ALVARO PEÑA

ALMA GRANDE

Indignación y oportunismo

Por: Ángel Álvaro Peña

En un país donde a una persona que roba un bolillo se le tiene en la cárcel por más de 10 años, a veces sin juicio, y a un ladrón de cuello blanco que roba miles de millones de pesos sólo se le dan 9 años de prisión, acusa falta de derecho y de derechos.

Carencia total de derecho a la hora de aplicar la ley con justicia de derechos para los agraviados, que en este caso no sólo son los veracruzanos sino todos los mexicanos porque Javier Duarte tomó dinero del presupuesto federal.

La más profunda indignación invade a los veracruzanos al ver que sólo le faltan 7 años y medio a quien saqueó las arcas del estado de Veracruz, porque ya lleva un año y medio detenido y ese tiempo se integra a la condena.

Pero quien se indigna de dientes para afuera es el gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares, al hacer tareas que le corresponden al procurador. Porque desde el momento en que se dio a la tarea de localizar la casa de seguridad en Córdoba, donde se encontró el famoso diario de Karime Macías y otros objetos de valor, y dar cuenta de las pesquisas, dejó de ser gobernador para convertirse en detective, usurpando funciones y abandonando su tarea de gobernador.

Yunes quiere seguir por ese mismo camino y anunció en rueda de prensa que la próxima semana se ausentará dos o tres días porque el gobierno de la entidad tiene contratado un despacho de abogados en Houston, Texas, para recuperar bienes. Esta es una tarea que no corresponde al gobernador del estado sino que es propia del fiscal, pero como Yunes quiere ver de cerca las valuaciones de todo lo que se recupera, no le interesa descuidar las tareas para las que fue electo y prefiere ir de vacaciones sintiéndose policía.

Detrás de ese disfraz de justiciero que ocupó desde que estaba en campaña hace poco más de dos años, hay una voracidad insaciable, porque el papel de Yunes en la recuperación de bienes inmuebles y muebles, dentro y fuera de las fronteras del país, no es buscando justicia, sino justificando expropiaciones de las cuales no hay control.

Es precisamente en la espectacularidad del discurso, en el impacto mediático de las palabras de Yunes Linares, donde se resguarda a otro personaje que no ha actuado con apego a la ley durante su breve gestión.

Ricardo Sánchez, abogado de Javier Duarte, dijo que el ex gobernador de Veracruz es inocente, y que se declaró culpable por estrategia, así también actúa su sucesor, quien con el cuento de recuperar bienes, se advierten sospechas muy serias sobre la valuación imparcial y responsable de lo que se recupera.

Es por ello que tiene tanto interés, pero las pesquisas de Duarte y sus cómplices, ni la persecución extra fronteras de Karime Macías, pueden convencer a los veracruzanos que el gobernador actúe desinteresadamente. Tampoco se le cree cuando dice que hay que ir detrás de los cómplices de Duarte, cuyos nombres se saben mejor los periodistas que el propio gobernador, no se le cree cuando afirma que es necesario acelerar los trámites de extradición de Karime, cuando se desconoce la condición migratoria o de asilo que se le otorgó en el Reino Unido.

Lo cierto es que Yunes se montó en la indignación que causa la sentencia casi absolutoria de Duarte, para seguir rescatando bienes muebles e inmuebles, de ahí que la opinión pública veracruzana desea que esa tarea se la deje al nuevo gobierno, que seguramente realizará con mayor precisión y honestidad.

Según Yunes, se han recuperado 41 inmuebles con un valor de 800 millones de pesos, y le pide a la Fiscalía que todo lo rescatado del gran robo de Duarte, le sea reintegrado al gobierno del estado para que los veracruzanos rescaten su patrimonio.

Pero a los veracruzanos no les basta con conocer el monto de lo recuperado con una valuación cuyo valuador se desconoce, con una cotización de bienes que nadie sabe quién realizó. De ahí que se pide que deje de recuperar bienes. Esto se lo ha solicitado hasta el propio gobernador electo, Cuitláhuac García Jiménez, pero con el aparente objetivo de hacer justicia, se hace de bienes que a través de mecanismos que manejan él y sus incondicionales pudieran no llegar a los veracruzanos.

Yunes se dice indignado, pero en realidad lo que quiere es que el reo, una vez que haya recibido sentencia, llegue a Veracruz por los delitos de peculado, abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, y el más grave, desaparición forzada de personas, para lo cual le solicitó al gobierno de Guatemala que autorice dicha agravante.

Así, anuncia que la justicia veracruzana será implacable con Javier Duarte, quien tiene un fuero enorme todavía, a juzgar por el fallo del juez, que pareciera que tuviera a un menor de edad en el banquillo de los acusados y no a un delincuente que dejó sin pensión a los jubilados de su estado natal, por sólo nombrar algunas de sus fechorías.

La tergiversación de la justicia federal al dar una sentencia que indignó a todos los mexicanos, crea delitos paralelos que suelen asociarse a la condena y satanización de los delincuentes de cuello blanco, pero sólo como distractor. En el fondo lo que busca es beneficio propio.

A unos cuantos días de que deje el poder, todavía se da el lujo de salir de viaje al extranjero para rescatar una residencia en cuyo destino seguramente quiere influir, así como en su valor, y su precio de posible venta.

Las tareas detectivescas de Yunes no buscan justicia ni legalidad, buscan distraer por un lado, y, por el otro, ver con qué puede quedarse antes de que se registren los muchos millones de pesos que se convirtieron en obras de arte, casas, mansiones, aviones, joyas, etc.

En cuanto Yunes deje el cargo, se verá en qué condiciones dejó las finanzas del gobierno, porque es muy fácil para él poder decir que encontró las finanzas quebradas y que nada hay en las arcas. Las sospechas son muchas y las distorsiones de la realidad veracruzana son más, por lo pronto debe empezar la tarea del rescate de bienes a la próxima administración, porque eso provoca muchas dudas. PEGA Y CORRE.- La sentencia de 9 años, y el pago de una multa irrisible, provocó que el Senado de la República aprobara un punto de acuerdo en el que se pide a la PGR y a la Secretaría de Relaciones Exteriores que se solicite al gobierno de la República de Guatemala, autorice a la Fiscalía General del Estado de Veracruz para que ejecute la orden de aprehensión contra Javier Duarte de Ochoa por el delito de desaparición forzada, para que pueda ser juzgado por crímenes de lesa humanidad… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.

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