ALMA GRANDE
ALMA GRANDE
Periodistas, desprestigio post mortem
Por Ángel Álvaro Peña
La situación de los periodistas en México tiene su expresión más clara
en el estado de Veracruz. Es la entidad donde más comunicadores han
muerto y no solo eso, desaparecido, intimidado, amenazado, etc.
Los veracruzanos están ahora alerta sobre lo que pueda sucederle
a cualquier comunicador en la entidad, y no parece haber una explicación
lógica donde no se encuentre una omisión o complicidad oficial.
Para el poder estatal el homicidio o desaparición de un periodista pareciera
convertirse en un peso menos sobre la espalda, o en una piedra que ya no
molestará en el zapato.
En el momento en el que surge la inquietud de que un comunicador
pudiera desaparecer, de inmediato se encienden las luces rojas de la Fiscalía
General del Estado, que encabeza Jorge Winckler, quien antes de asistir
al lugar del crimen lanza la primer descalificación argumentando que el
desaparecido o asesinado no era periodista.
No hay excepción en este asunto. La primera declaración oficial
que sale de las oficinas de la procuraduría estatal es una descalificación
asegurando que no era periodista, que manejaba un taxi, que tenía una
taquería en su casa, que vendía tal o cual producto, y lo peor, sin averiguación
de por medio suelen ligar a las víctimas de asesinato con la el crimen organizado.
Esta ha sido la mejor manera de sacudirse una responsabilidad que
por obligación le corresponde. La muerte de cualquier habitante
del país, debe ser investigada para que el criminal sea castigado,
pero en Veracruz es suficiente la acusación de pertenecer a la delincuencia
organizada para dejar el asunto a un lado y congelarlo de por vida,
por el simple hecho de que el fiscal presume que pertenecía a una banda
o a un cártel, o simplemente que pasaba información a los delincuentes
o vendía droga al menudeo.
En Veracruz, como sucede en todo el país, el comunicador tiene
que realizar otras tareas que no van de acuerdo a su vocación
para que él y su familia puedan sobrevivir. Y es ahí donde la fiscalía
de Veracruz hace a un lado la actividad principal del sujeto
y subraya que la víctima tenía problemas de faldas o simplemente
se buscó una muerte violenta.
Una de las figuras sociales que fortalecen la democracia es la libertad
de expresión, sin ella no hay caja de resonancia ni para la crítica ni
para el ejercicio de las libres ideas. Mucho menos para la autocrítica.
Pugnan por el libre mercado, por el libre comercio,
por la libertad arancelaria pero no por la libertad de expresión.
Cada vez que un periodista desaparece, la sociedad se cimbra,
se reconoce vulnerable, se muestra desprotegida,
más aún con acusaciones instantáneas de la parte
oficial que coloca acciones y prácticas falsas a quienes no pueden
defenderse.
Los periodistas veracruzanos colocamos las esperanzas en un
nuevo gobierno que advirtió que en los primeros seis meses de
su gestión desparecería la violencia y el castigo a los victimarios
de los periodistas sería ejemplar.
Los periodistas siguen desapareciendo y la violencia impera
a lo largo y ancho del territorio veracruzano.
En 2016, Anabel Flores, fue encontrada muerta con signos de tortura.
Nadie sabe quién fue el o los culpables. Los familiares de las víctimas
suelen quejarse por la indiferencia de las autoridades a la hora
de realizar las investigaciones, en todos los casos.
También en 2016 Manuel Torres González, de TV azteca,
también fue asesinado, y así podemos hablar desde esa fecha de
otros como Pedro Tamayo Ríos, Manuel Vázquez, Ricardo Monlui
Cabrera, Cándido Ríos, Edwin Rivera Paz, Gumaro Pérez Aguilando.
En noviembre del año pasado, el presidente de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez,
denunció que la impunidad prevalece en el 90 por
ciento de los asesinatos y agresiones a periodistas en todo el país.
Aseguró que el análisis de 176 averiguaciones judiciales que
han sido abiertas en los últimos años por agresiones a la prensa
, solo en el 10 % había una sentencia condenatoria y en el restante
90 % impera la impunidad.
Las agresiones son tan constantes que los periodistas
interpretan que "llevan el mensaje de advertencia de que lo que
pasó a un comunicador puede ocurrirle a los demás,
buscando así silenciar la libertad de expresión",
sostuvo el titular de la CNDH.
Los gobiernos estatales, encargados de este tipo
de agresiones a la sociedad, se desentienden y
solo esperan la hora en que el gobierno federal
pueda atraer los casos para dejar su responsabilidad original a un lado.
Los homicidios de periodistas se han incrementado en los
últimos años al pasar de 4 en 2000 a 12 en 2015, 13 en 2016,
12 que se registraron en 2017 y 3 en lo que va de este año.
La Federación Internacional de Periodistas anunció una campaña
contra la impunidad en México, Pakistán, Afganistán, Irak
, Yemen, Somalia y Ucrania, tras el asesinato de 57
reporteros en todo el mundo en 2017 y ante la falta
de justicia en muchos de esos crímenes.
El gobierno federal en los últimos años se ha hecho
responsable de la seguridad de periodistas amenazados
por diferentes fuerzas, incluso por voces reconocidas y motivos
muy bien delineados. A partir de este método se ha salvado
la vida de varios comunicadores que solicitan la protección necesaria
para la realización de su tarea que tiene objetivos históricos
y la preservación de su vida, así como la integridad de su persona
y la de su familia.
La última ocasión en que se creyó que desaparecía
un periodista en Veracruz, fue el caso de Fabián Hipólito Enemesio
, reportero de la Ke Buena, se quedó sin crédito para su teléfono
celular y las zonas donde cubría una marcha de migrantes
no le permitían tener comunicación,
sin embargo, siguió registrando la información,
aún a costa de que se pensara que no estuviera donde debía estar.
No podemos admitir que se pondere,
sobre la responsabilidad social de informar la ocupación
secundaria de muchos comunicadores que solo tienen actividades
paralelas para poder tener un nivel de vida digno.
Las autoridades en Veracruz no pueden seguir acusando
a las víctimas de ser delincuentes sin investigación previa,
pero con un rencor institucional que puede advertirse desde el
primer momento en que hablan públicamente del caso.
Los periodistas en Veracruz somos carne de cañón,
somos maltratados incluso después de muertos,
calumnian frente a los cadáveres de los compañeros,
los descalifican a pesar de la violencia de que son objeto.
PEGA Y CORRE.- La violencia en Veracruz es generalizada,
ahora un caso de verdadero terror en la población sucedió
en Alvarado contra una joven embarazada,
Jenny Judith Seba Velasco,
a quien asesinaron para sacarle al bebé de su vientre…
Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
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