COMUNICADO PT

Ciudad de México, a 22 de marzo de 2018.

Comunicado

Condena PT cobarde asesinato de periodista en Veracruz

* Exige al gobierno federal frenar las agresiones contra comunicadores.

* El asesinato de Leobardo Vázquez es el tercer homicidio de un

periodista en el país, después de Carlos Domínguez  y Paola Montenegro.

* México es la nación más peligrosa a nivel mundial para ejercer el periodismo.

El Partido del Trabajo condena tajantemente el asesinato del periodista

veracruzano Leobardo Vázquez Atzin, el tercer homicidio

perpetrado contra profesionales de la comunicación en lo que va del año,

por lo que exige tanto al gobierno federal como local esclarecer el móvil

del crimen, dar con los responsables y tomar medidas efectivas para frenar

la violencia contra ese gremio.

El integrante de la Comisión Coordinadora Nacional del PT,

Alberto Anaya Gutiérrez, calificó de cobarde usar la violencia

para callar voces que informan a la ciudadanía sobre lo que

acontece en su entorno; recordó el caso de Miroslava Breach,

que a un año de su atroz asesinato no se ha encontrado

a los responsables, y más recientemente los casos de

Carlos Domínguez (Tamaulipas) y Pamela Montenegro (Guerrero).

“Es lamentable que en el estado de Veracruz y en todo el país

se sigan llevando  a cabo este tipo de prácticas para evitar

que la verdad salga a la luz. Esto nos ha colocado a nivel

mundial como el país más peligroso para ejercer el periodismo”.

El líder petista reprochó que ante la ola de violencia contra los

periodistas y medios de comunicación en diversas partes del país,

el gobierno haga caso omiso y ponga en marcha programas

de protección que no sirven para garantizar la seguridad y

el libre ejercicio de la labor comunicacional.

“Cifras actuales revelan que durante el sexenio de Enrique

Peña Nieto los ataques contra periodistas o medios de comunicación

llegaron a niveles nunca antes vistos, con casi 2 mil agresiones

y 42 asesinatos de periodistas”, señaló.

Finalmente, Anaya Gutiérrez exhortó a las autoridades

a tomar medidas e implementar políticas públicas de largo

alcance para combatir la violencia contra el gremio de la

comunicación y garantizar la libre expresión como uno de

los pilares de la democracia nacional.