EL GOBIERNO JUSTIFICA LOS GASTOS MILITARES SUPERFLUOS Y PERMITE EL ARRESTO DE QUIEN LOS CRITICA

LUIS DíEZ|

Cartel publicado en la web de AUME contra el arresto de su presidente. / aume.org

 

La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) solicitó el juez togado militar que ponga en libertad a su presidente, el subteniente Jorge Bravo, encarcelado por criticar los gastos superfluos en Defensa. El secretario general de AUME y abogado Mariano Casado pidió habeas corpus para Bravo alegando falta de competencia de la autoridad disciplinaria; la existencia de una causa penal sin dirimir que podría haber paralizado el arresto y las condiciones del arresto que le está aplicando, que “desbordan la privación de libertad deambulatoria, afectando a otras libertades“.

Según informó Europa Press, en el acto en el Juzgado Togado Militar 11 de Madrid ha comparecido el sancionado, el jefe del centro de arresto y el demandante, pero no el general autor de la resolución, que ha apelado al privilegio que la ley procesal militar reconoce a los generales de declarar por escrito.

En su declaración, Bravo ha denunciado la situación que está viviendo, con “medidas que van más allá de la mera restricción de libertad“. Así, ha explicado que se le impide el acceso a teléfono móvil e internet, y se le someten a control las llamadas telefónicas y visitas, exigiendo la identificación a quienes quieren ponerse en contacto con él. Ha explicado que este lunes se “ha vuelto a repetir el despertar al toque de un ruido ensordecedor” y, al encontrarse mal, ha solicitado poder ser atendido por el médico, pero se le ha informado de que no había médico. El fiscal togado no ha hecho preguntas.

En su alegación, el abogado de Bravo también ha recalcado que se le ha aplicado el régimen disciplinario por unas declaraciones efectuadas en su condición de presidente de una asociación profesional de militares y miembro del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, a pesar de que el reglamento de este órgano establece que los militares no pueden ver perjudicada su carrera por ejercer de vocales.

Mientras Bravo cumple su octavo día de prisión por criticar los gastos superfluos en las Fuerzas Armadas, en contraste con las sucesivas bajadas de sueldos a los servidores públicos, el Gobierno invoca la “normativa vigente” para justificar los dispendios y el boato en las tomas de posesión de los generales. Así ocurre en la respuesta escrita que La Moncloa ha remitido a la diputada y dirigente de UPyD Rosa Díez, quien se hizo eco en este caso de las críticas de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) por el derroche económico (12.000 euros) y humano (un desfile de más de cien uniformados) para agasajar al nuevo jefe de la zona de Castilla y León, el general de brigada José Manuel Díez Cubelos. Según la asociación, a ese gasto hay que sumar el correspondiente al ágape de guardias, mandos y autoridades “con pólvora del rey”.

Esa toma de posesión tuvo lugar el 11 de enero en León, pero se repite frecuentemente en otros lugares de España con un formato similar. En este caso sirvió también para que el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, pronunciara un discurso sobre “la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles” y dijera que no hay que “remilitarizar ni desmilitarizar nada”. Según la respuesta gubernamental a Díez, el acto (y el gasto) “se ajusta a la normativa vigente”. Le cita las disposiciones oficiales –al parecer, inmutables– y añade que no supuso merma de la seguridad ciudadana.

Lo que no se ajusta a la norma en vigor son las críticas al derroche y las alternativas a los ajustes salariales. A Bravo le han arrestado por hablar. La claridad de sus planteamientos como portavoz de la AUME (asociación mayoritaria en el Ejército, con 3.587 afiliados registrados en junio pasado) contra el boato, los dispendios y los gastos superfluos, puso de los nervios al alto mando, que le ha mandado un mes al calabozo del cuartel San Pedro en Colmenar Viejo (Madrid).

La resolución del Cuartel General del Ejército atribuye al subteniente Bravo, ya sancionado en 2006 y 2007 por hablar y por participar en una concentración de protesta social de guardias civiles, una “falta grave” por decir el 16 de julio de 2012 en Abc-Punto Radio y EsRadio que la asociación que preside es partidaria de recortar gastos superfluos tales como festejos, desfiles, aniversarios, actos públicos, juras de bandera con población civil, coches oficiales, vinos, entregas de premios, etcétera, en vez de los sueldos de los militares. Aparte el recurso formulado ayer, la sanción ha indignado tanto a los militares que han convocado una manifestación para el sábado, 27 del corriente, frente al Ministerio de Defensa. La marea caqui reivindica el derecho a la libertad de expresión y se suma así a las protestas sociales contra los recortes y la corrupción objetiva y subjetiva del sistema.