POR LA VERDAD Y LA CONFIANZA

 

 

 

 

• Con buenos ojos se mira evitar el rescate de los municipios endeudados.
• La emigración interna, una alternativa para salvar la vida en México

Dra. Zaida Alicia Lladó  Castillo

• Evitar el rescate de los municipios endeudados.

Como “balde de agua fría”, le ha de haber caído a muchos exalcaldes y funcionarios que quebraron las finanzas de sus municipios o estados durante su gestión, el anuncio del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso que hiciera públicas el pasado 7 de enero del presente donde fue enfático en la negativa del Gobierno Federal de rescatar a los municipios del país que se han declarado en quiebra: “De ninguna manera podemos hacer un rescate…como lo dijo el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto el 1 de diciembre, tienen que ponerse orden en el tema de la deuda de los estados y los municipios", afirmó éste en forma contundente.

Pero los paquetes “deuda” son varios y muy elevados. El propio Secretario de Hacienda, lo ha confirmado: “la deuda contratada por los estados y municipios del país  tiene, con la banca privada 246 mil 103.5 millones de pesos; con la banca de desarrollo, 87 mil 953.8; a través de emisiones bursátiles o colocación de bonos de deuda en el mercado de valores, 58 mil 612.3 millones; por medio de fideicomisos adeudan 80 mil 8.4 millones y por medio de otros mecanismos, 6 mil 86.7 millones”.

Pero ¿qué sucedió en estos últimos años que se duplicó la deuda de los municipios y de algunos estados?

Entre diferentes aspectos destacan, las estrategias económicas federales y estatales que generaron dinero extra ( en cantidades multimillonarias) y que al ser canalizado sin orden y en forma imprudente, sólo llevó a saciar ambiciones de algunos munícipes y de funcionarios que aprovecharon “el río revuelto”; así mismo, la carencia de una ley de responsabilidad hacendaria para los  estados y municipios, que ha derivó en esa alta permisividad, con el argumento de que la soberanía y autonomía estatal y municipal lo hace posible y que por ese hecho ellos pueden administrar sus finanzas como les plazca.

Pero todo tiene un límite y por eso el gobierno federal busca poner orden en las deudas de los estados y municipios.

Porque, quienes defraudan la confianza de la ciudadanía y exhiben su incapacidad, deshonestidad e ineficiencia, al no ser capaces de generar financiamiento de manera pulcra, de ordenar las finanzas asignando las partidas en los rubros que realmente se necesitan, de realizar ajustes para disminuir las partidas de gastos, de evitar que éstos sean superfluos o de privilegio para los allegados, de llevar un seguimiento del gasto y de las obras ejecutadas y de recaudar impuestos para ser devueltos en mejoras viables para la ciudadanía, etc., no merecen haber estado (o estar) en la posición de representantes populares o en la función pública, porque sólo son artífices y alentadores profesionales de la corrupción dentro de la misma y su actuación debe ser castigada, no sólo con inhabilitaciones como se acostumbra últimamente, sino procesándolos, obligándolos a devolver o incautar bienes (en primera persona y aquellos que por sesiones da derechos a familiares y prestanombres) a funcionarios mayores o menores que se roban hasta las cafeteras cuando dejan su función.

Y se tendrán que endurecer las medidas, sin flaqueo ni distingos, porque el asunto va en serio y debe quedar constancia del  descrédito de estos especímenes y, sólo sean vueltos a llamar, para que firmen su declaración ministerial y los refundan en la cárcel por RATEROS.

Creo que, si se mete orden y se castiga seriamente a quienes defraudan las instituciones y la ciudadanía, se rescatará pronto la confianza y la credibilidad y los ciudadanos  veremos con buenos ojos y creeremos nuevamente en los servidores públicos que llegan para eso, para servir a sus semejantes, y con ello permitirá como consecuencia retomar el Estado el control de sus finanzas y de su administración entregando buenas cuentas, en cualquier nivel y orden.

Porque no es justo que las nuevas administraciones, estén padeciendo la tendencia alcista de problemas de liquidez, por culpa de las ineptitudes y excesos que gozaron otros, la ciudadanía en general carezca de lo necesario y se estén haciendo milagros para revertir los golpes y otros sean los que estén pagando “los platos rotos de la fiesta”.

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• La emigración interna y salvar la vida en México

Siempre han existido las migraciones internas temporales, en todos los países del mundo. Y nuestro país no es la excepción, pues se han producido históricamente por diferentes razones, principalmente laborales. Las personas se mudan temporalmente para cubrir expectativas, de ahí que sea común ver a gente que viene a la ciudad a vender productos u operar en rubros comerciales y hoteleros, particularmente en lugares turísticos durante la alta temporada.

Sin embargo en los últimos 5 años en México, existe una nueva razón de emigración interna: abandono de viviendas y localidades por el clima de inseguridad que existe en algunos Estados de la República que están padeciendo este cáncer, sin que hasta el momento se vean señales de solución definitiva.

Según un estudio que próximamente publicará el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a finales del mes de enero, cuya autora es Séverine Durin, investigadora del Centro de Investigación y Estudios Sobre Antropología Social (CIESAS) Programa Noreste, entre 2005 y 2010 al menos 330 mil personas dejaron sus viviendas sin habitar por causa de la violencia en Baja California, Nuevo León, Chihuahua y Tamaulipas. Este desplazamiento se explica en base a la variación de las tazas de viviendas deshabitadas a nivel de las entidades federativas y municipios y su relación con las tasas de homicidios y el índice de víctimas visibles.

De acuerdo con la investigación, en el periodo revisado Baja California encabeza la estimación de población desplazada con 143 mil 520 personas. Le sigue Nuevo León con 86 mil 712, Chihuahua con 71 mil 221 y Tamaulipas con 31 mil 874 probables desplazados por inseguridad. Pero también a estos se une el Estado de Sinaloa.

Sin embargo no se necesitan tantas investigaciones, para darse cuenta que estados como Veracruz, Hidalgo, Tabasco, Oaxaca, Michoacán, Morelos, etc., existen localidades que por el incremento de la violencia sus habitantes (indígenas, campesinos, ganaderos, etc.) buscan otras alternativas de supervivencia y abandonan sus tierras, ranchos, hogares etc. Así mismo, existen otros indicadores derivado de la migración interna, al observarse comercios que se cierran porque la gente tiene miedo a invertir, cuando cuesta cada vez más trabajo rentar o vender propiedades o donde las familias malbaratan sus tierras para salirse y buscar nuevos horizontes, aspectos que se marcan más en zonas que tienen fama de ser corredores de la delincuencia organizada.

Pero como en todo, el principal problema para la medición de estos índices, es la falta de reconocimiento del fenómeno, lo que debiera ser al contrario: encarar el problema, intervenir en los puntos geográficos de cuidado para intensificar acciones militares y de seguridad pública en esas regiones y darle la garantía a los ciudadanos e inversionistas, de que se puede recuperar el clima de tranquilidad para que no abandonen sus negocios y propiedades y se asegure la permanencia en sus localidades, pugnando porque la emigración se disminuya o se realice sólo por motivos de mejoramiento individual y social.

Gracias y hasta la próxima.