“REVIVE” CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL EL EXPEDIENTE DE LA IMPUNIDAD

 

 

http://www.dossierpolitico.com/vernoticias.php?artid=118991&relacion=&tipo=Principal1&categoria=550

 

“Revive” Consejo de la Judicatura Federal el Expediente de la Impunidad…
Ordena CJF peritaje en la Guardería ABC
“La Judicatura Federal designó como perito al señor Daniel Barrera Vázquez, capitán de Bomberos de la ciudad de Guanajuato, estamos esperando que la autoridad judicial reciba sus acreditaciones y cheque su perfil para ver si reúne los requisitos y en un momento dado aceptar o rechazar su designación”, dijo Gabriel Alvarado Serrano, representante legal...

Por Alejandro Matty Ortega / Dossier Politico

Dia de publicación: 2012-10-23

 

Hermosillo, Sonora (DP).- Ante las inconsistencias presentadas por los tres anteriores peritajes realizados en la Guardería ABC del 2010 a la fecha, el Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación solicitó una nueva revisión en las ruinas de la instancia infantil consumida por el fuego registrado el pasado 5 de junio del 2009.

El representante legal del grupo Manos Unidas, Gabriel Alvarado Serrano, reveló que el CJF analiza el perfil del comandante de Bomberos de Guanajuato, Guanajuato, Daniel Barrera Vázquez, responsable del nuevo peritaje.

“La Judicatura Federal designó como perito al señor Daniel Barrera Vázquez, capitán de Bomberos de la ciudad de Guanajuato, estamos esperando que la autoridad judicial reciba sus acreditaciones y cheque su perfil para ver si reúne los requisitos y en un momento dado aceptar o rechazar su designación”.

El 3 de diciembre del 2009, el periodista Ulises Gutiérrez publicó en Dossier Político una nota donde describe que la empresa The McMullen Company contratada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para realizar el peritaje en la Guardería ABC y en la bodega de la Secretaría de Hacienda, hará entrega de los resultados a la Comisión Investigadora por lo que en ningún momento se hará un informe público.

El señor Julio César Márquez expresó que “nos queda claro que el informe no será público, será entregado directamente a la Comisión Investigadora”, además, consideró que “creo que no participaremos como observadores en las investigaciones porque no queremos entorpecerlas”.

Al reiterar su confianza en los trabajos realizados por la empresa extranjera que entregaría los resultados el próximo 7 de enero del 2010, destacó que “sabemos que es una compañía seria, profesional y reconocida, confiamos plenamente en ellos ya que no se prestarían para algo turbio”.

Luego de las evaluaciones de costos entre otras compañías internacionales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que The McMullen Company sea la encargada de llevar a cabo la tarea por la que se pagará un total de 123 mil 900 dólares.

Justo después de 6 meses de la tragedia de la Guardería, el grupo de especialistas inició con los peritajes ya que los padres de los niños afectados no confiaron en los trabajos implementados por los Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia (PGJE) y de la Procuraduría General de la República (PGR).

Además, la Comisión Investigadora sostendrá el mismo lunes una reunión con los padres para informarles sobre la agenda del grupo de peritos extranjeros en la Casa de la Cultura Jurídica “José María Ortiz Tirado” donde además hablarán sobre la verificación que harán en las guarderías subrogadas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sonora.

El 9 de enero del mismo 2010, el presidente de la empresa McMullen Company, James McMullen aseguró a los padres afectados por el incendio en la Guardería ABC, que el peritaje que realizarían en la “Zona Cero” será “imparcial” y determinarán si hubo alguna explosión que haya provocado la tragedia”.

El especialista norteamericano destacó que conocen el peritaje realizado por los Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la Procuraduría General de la República sobre la base que inició por un corto circuito por el sobrecalentamiento de un cooler; sin embargo, esperaran a sus propios resultados.

“Por ahora estamos viendo cómo empezó científicamente el incendio, pero no podemos hacernos para un lado o para otro, hemos oído diferentes formas de cómo empezó, pero nosotros determinaremos científicamente las causas”, sostuvo James McMullen.

McMullen apuntó que todo lleva su tiempo y será hasta enero cuando se tengan los resultados de los peritajes que iniciaron el lunes por la mañana y garantizó que si hubo una explosión se sabrá”.

“Estamos buscando la causa que empezó el incendio, estamos tratando de encontrar donde surgieron las llamas y buscar donde empezó el fuego y es lo que vamos a hacer, determinar científicamente donde empezó eso. Vamos a buscar científicamente si la podemos hallar, si es que la hubo”, resaltó.

Los primeros dos días se dedicaron a organizar un archivo fotográfico que les permita dar inicio con la segunda fase del peritaje, el cual contempla la aplicación de equipo y pruebas científicas que permitan revelar detalles sobre el origen del incendio y la propagación y daños del mismo.

Además confirmó que durante los dos días que llevan de peritaje, se han dedicado a tomar fotografías del interior y exterior de la guardería ABC y de la bodega de la secretaría de Hacienda y buscando testimonios entre los vecinos y testigos oculares de la tragedia que enlutó al País.

El 28 de enero del 2010, peritos norteamericanos especializados en la investigación de incendios entregaron la tarde de este jueves, en un sobre cerrado, los resultados de la investigación sobre las causas del incendio en la Guardería ABC, que causó la muerte a 49 niños el pasado 5 de junio.

Steven Van Ricley, presidente de “Consolidated Consultants Company”, una empresa asociada con “The McMullen Company” (quienes a su vez realizaron el peritaje en la estancia subrogada por el IMSS en Hermosillo en el pasado mes de diciembre del 2009), fue quien entregó el resultado de la investigación a los integrantes de la Comisión Investigadora de la Suprema Corte de Justicia.

El evento se realizó en la Casa de la Cultura Jurídica, en Hermosillo, ante un grupo de 30 padres de las víctimas, con lo que oficialmente concluyó el proceso de las indagatorias realizadas por la SCJN sobre el incendio, proceso que inició 5 meses atrás.

“Esta es una prueba dentro de la investigación, las pruebas son reservadas no se pueden dar a conocer por el momento y nosotros elaboraremos nuestro informe final en el mes de febrero y lo entregaremos a los Ministros (de la Suprema Corte de Justicia de la Nación) y ellos tendrán en sus manos todo lo que tenga que ver con la determinación de cómo se darán a conocer los resultados”, expuso María del Rosario Mota Cienfuegos, una de las integrantes del equipo de investigación de la SCJN.

Mota Cienfuegos dijo que los ministros de la Suprema Corte determinarán la fecha en la que se publicarán los resultados de las indagatorias, incluyendo el peritaje internacional realizado en el sitio del incendio, a petición de los padres de las víctimas, quienes dudan de la versión oficial de que el fuego se inició por el mal estado del sistema eléctrico de un enfriador de aire en una bodega contigua a la guardería, la cual era operada por la Secretaría de Hacienda durante la administración del gobernador priísta Eduardo Bours Castelo.

Por su parte, Julio César Márquez, vocero del Movimiento Ciudadano 5 de Junio por la Justicia, el cual agrupa a los padres de las víctimas mortales, indicó que esperan que en abril se den a conocer los resultados de la investigación realizada por la Suprema Corte de Justicia.

“Hay una cláusula de confidencialidad, no conocemos el contenido del sobre entregado por los peritos, pero para nosotros es un paso muy grande el que se haya concluido con una labor muy ardua por parte de nosotros que tuvimos que acudir a la Suprema Corte”", expuso Julio César Márquez en ese entonces.

“Nosotros seguimos en nuestra lucha, esperamos con esto que al concluir los trabajos de la comisión investigadora, ahora que en su momento alguno de los ministros de la Suprema Corte elabore la ponencia y ya durante las sesiones del pleno se diga si hubo o no violaciones a las garantías individuales, para nosotros eso está muy claro pero en este país hay que oficializarlo”, añadió.

Por su parte, Steve Van Ricley, presidente de la compañía investigadora con sede en Chula Vista, California, expuso:

“Agradecemos que nos hayan elegido para localizar al equipo de expertos para clarificar los hechos ocurridos en la Guardería ABC en la ciudad de Hermosillo, dado a los rigurosos estándares en el proceso de selección de nuestros expertos, confiamos en que la evaluación independiente realizada por la compañía McMullen y el método utilizado en la formulación del peritaje final sobre la causa, origen y propagación del incendio, ha cumplido con los más estrictos requerimientos de la Suprema Corte”.

El 14 de junio del 2010, la periodista Adriana Manjarrez publicó que David Smith aseguró que el crimen de la Guardería ABC en Hermosillo merece una investigación profunda e imparcial, “esta tragedia trasciende fronteras y merece una investigación profunda e imparcial”, declaró por escrito a Dossier Político el especialista, cuya sede de operaciones está en Tucson, Arizona.

Gabriel Alvarado Serrano, representante legal de Manos Unidas por Nuestros Niños, reveló a finales de febrero que según el peritaje de la firma encabezada por Smith, el incendio que inició en la bodega de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, y que se propagó a la estancia infantil, fue provocado por la mano del hombre.

Explicó que de acuerdo con esa investigación, el origen del incendio no fue fortuito ni fue generado por el sobrecalentamiento del “cooler”, como lo estableció de manera inicial la investigación de las procuradurías General del Estado y General de la República.

Smith dijo a Dossier Político que dicha hipótesis es incorrecta, pues según su propio peritaje, realizado los días 4 y 5 de enero de 2010 ante la presencia de elementos de las policías Estatal y Municipal, el fuego empezó a 10 metros del aparato enfriador, y la electricidad estaba apagada.

El peritaje realizado por Associated Fire Consultants no es una cortina de humo, señaló el jueves pasado en rueda de prensa Alvarado Serrano, quien agregó que el dictamen pericial de la firma McMullen es el que podría servir de argumento para que los socios de la guardería evadan su responsabilidad.

Agregó que dicho peritaje no fue cobrado por la firma de Smith, quien lo realizó por razones humanitarias, a diferencia del que realizó McMullen, que le costó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un millón y medio de pesos.

“Cierto estoy en que los padres de esos niños no hubieran podido permitirse pagar mis honorarios normales de 275 dólares por hora (3 mil 534 pesos aproximadamente), y por esa razón he renunciado a ellos en este asunto”, confirmó Smith a Dossier Político.

De acuerdo con los padres integrados en el Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio, el peritaje de Smith ha sido utilizado por el gobierno federal, a través del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, para crear un ambiente de confusión, en momentos en los que la SCJN habrá de determinar si se violaron gravemente las garantías individuales.

“Debemos señalar que, de existir ese peritaje, aún forma parte de las pruebas acumuladas por el ministerio público dentro de dicha indagatoria, la cual, al no haber sido consignada todavía ante un Juez de Distrito en el Estado de Sonora, no forma parte de ninguna causa penal, y por ello no puede tener los efectos ‘mágicos’ de que con tal peritaje, en automático se reclasifiquen los delitos de culposos a dolosos”, señalan en un comunicado.

De aceptarse la intencionalidad de la cual habla el peritaje de Smith, las responsabilidades que están siendo imputadas a los dueños de la guardería, a empleados y funcionarios de la delegación del IMSS en Sonora y a 13 servidores públicos de nivel medio e inferior de la administración estatal y del Ayuntamiento de Hermosillo, así como también las responsabilidades políticas, administrativas y eventualmente penales que resulten de la investigación de la SCJN, atribuidas a Juan Molinar Horcasitas, Daniel Karam, Eduardo Bours y otros funcionarios y ex funcionarios federales y estatales, habrían de diluirse o atenuarse en extremo, argumentan.

De esta manera, según el Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio, quedarían impunes los actos y omisiones en los que incurrieron todos ellos, y que les costaron la vida a 49 niños y lesiones de distintos niveles de gravedad a más de 80.

Integrantes del movimiento revelaron que el pasado viernes 11 de junio, se comunicaron con ellos los representantes de McMullen para solicitarles información, que no pudieron proporcionar, acerca de quienes se dicen expertos, cuyo dictamen supuestamente minimizó el trabajo pericial de la empresa contratada por la SCJN; esto, con el fin de consultar con su equipo de abogados para presentar una eventual demanda en cortes estadounidenses.

En respuesta a esto, Smith dijo a Dossier Político:

“La validez de nuestros reportes y opiniones deben ser juzgados de acuerdo a nuestra formación y experiencia en el área de investigación de incendios”.

El 5 de junio del 2011, Dossier Político publicó que hasta ese día, los 731 días transcurridos desde la tragedia de la Guardería ABC son un ejemplo de la falla sistémica de los aparatos gubernamentales de procuración e impartición de justicia que existen en México, con exceso de leyes y reglamentos que se crean al vapor y se aplican a favor del mejor postor cuando los poderes económico y político, convergen.

De ahí, el fundamento para afirmar que el Estado Mexicano es responsable de la muerte de los 49 niños:

María Magdalena Millán García, Emilia Fraijo Navarro, Valeria Muñoz Ramos, Sofía Martínez Robles, Fátima Sofía Moreno Escalante, Dafne Yesenia Blanco Losoya, Ruth Nahomi Madrid Pacheco, Denisse Alejandra Figueroa Ortiz, Lucía Guadalupe Carrillo Campos, Jazmín Pamela Tapia Ruiz, Camila Fuentes Cervera y Ana Paula Acosta Jiménez.

Monserrat Granados Pérez, Pauleth Daniela Coronado Padilla, Ariadna Aragón Valenzuela, María Fernanda Miranda Hugues, Yoselín Valentina Tamayo Trujillo, Marián Ximena Hugues Mendoza, Nayeli Estefania González, Daniel Ximena Yanes Madrid, Yeseli Nahomi Baceli MezaIan e Isaac Martínez Valle.

Santiago Corona Carranza, Axel Abraham Angulo Cazares, Javier Ángel Merancio Valdez, Andrés Alonso García Duarte, Carlos Alán Santos Martínez, Martín Raymundo de la Cruz Armenta, Julio César Márquez Báez, Jesús Julián Valdez Rivera, Santiago de Jesús Zavala Lemas y el niño Daniel Alberto Gayzueta Cabanillas.

Xiunelth Emmanuel Rodríguez García, Aquiles Dreneth Hernández Márquez, Daniel Rafael Navarro Valenzuela, Juan Carlos Rodríguez Othón, Germán Paúl León Vázquez, Bryan Alexander Méndez García, Jesús Antonio Chambert López, Luis Denzel Durazo López, Daré Omar Valenzuela Contreras y Jonathan Jesús de los Reyes Luna.

Y Emily Guadalupe Cevallos Badilla, Juan Israel Fernández Lara, Jorge Sebastián Carrillo González, Ximena Álvarez Cota, Daniela, Guadalupe Reyes Carreta y el niño Juan Carlos Rascón Holguín.

Sin embargo, el Gobierno del Estado es directamente culpable de la tragedia.

La falla va desde los peritajes realizados por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y los Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República (PGR), hasta la inutilidad de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

La contratación de servicios de peritajes de especialistas extranjeros es la clara muestra de la desconfianza que se tiene de las autoridades mexicanas.

El pasado 19 de mayo del 2010, de las declaraciones vertidas por el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, en el sentido de que ocurrieron eventos que provocaron el incendio de la Guardería ABC, el entonces diputado Jesús Zambrano Grijalva destacó que “si tomamos en cuenta sus palabras, se estaría hablando de un genocidio, por eso debe aclarar lo dicho”.

“Si tomamos en cuenta sus palabras, bajo esta lectura, estaríamos ante un hecho genocida, por esta razón el secretario de Gobernación debe aclararnos cuáles fueron las motivaciones que lo llevaron a decir que el incendio fue provocado ya que esto da lugar a suspicacias que no generan confianza a la sociedad”, expresó.

Además, mencionó, “si viene a Sonora a emitir este tipo de declaraciones, Gómez Mont debe decir quién es el responsable del incendio, por eso se exige que aclare tales aseveraciones como las hechas por el Chapito Bours quien dice coincidir con él, no hay tiempo para suspicacias”, enfatizó.

"Excelente... yo coincido (con Fernando Gómez Mont)", escribió por su parte el ex Gobernador Eduardo Bours, al responder un mensaje al periodista Óscar Castro Valdez, utilizando el teléfono celular, en donde se le preguntaba su opinión sobre lo dicho por el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, horas antes en una conferencia de prensa , y en la que se le cuestionó sobre la Guardería ABC, respondiendo el ex panista que el fuego podría haber sido inducido en la bodega de la Secretaría de Hacienda Estatal, desde donde se esparció a la guardería contigua.

Para muchos de los presentes, el responsable de la política interna del país, era claro: para él hay una gran responsabilidad en la administración estatal que encabezaba el priísta Eduardo Bours Castelo.

"Ingeniero, buenas noches y una disculpa, pero me pareció importante saber su opinión sobre la declaración de Gómez Mont", envió Oscar Castro la pregunta por escrito al ex gobernador, a través de su teléfono celular.

"¿Qué dijo?... ¿quién eres?", respondió el mensaje Eduardo Bours minutos después.

"Habló de indicios de actos intencionados en el incendio de la bodega... Soy Oscar Castro", escribió el director de Dossier Político

"Qué dijo?, volvió a preguntar el cajemense.

"Checa la nota principal de Dossier para que sepas lo que dijo", respondió Castro mediante nuevo mensaje.

"Creo que es excelente, Yo coincido", reviró Bours, seguramente sin todavía leer la nota.

Intuyendo que el ex mandatario se refería a lo que muchas veces dijo sobre que el incendio en la guarderia fue intencional, Oscar Castro planteó: "lo sé... pero (Gómez Mont) habló de autoridades estatales... y creo que ahí no coincides con él"...

“Újele”, respondió el empresario avicultor.

Vino un largo mutis y cuando Castro pensaba que ya no habría más diálogo, la alarma que avisa la llegada de un nuevo mensaje sonó en el aparato telefónico: “Pues fueran muy pendejos. Esto es como Agata Cristhie, para descubrir al asesino hay que ver quien fue el beneficiado”, era el mensaje... el último, porque no hubo más.

Para el gobernador Guillermo Padrés Elías, manifestó, “el caso de la tragedia del 5 de junio que provocó la muerte de 49 niños sigue siendo una asignatura pendiente, no es posible que aún siga sin resolverse”, lamentó.

Informes obtenidos por Dossier Poítico, a dos años de la tragedia, revelaron que las extranjeras The McMullen Company y Associated Fire Consultants, Incorporated establecen en sus conclusiones que el incendio fue provocado, que inició en la Bodega de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora y se propagó a la Guardería ABC.

Lo anterior, contraviene a la “fábula” del entonces procurador, Abel Murrieta Gutiérrez y a la misma Procuraduría General de la República cuyos peritos aseguraron, el martes 9 de junio del 2009, que el sobrecalentamiento del motor de un cooler habría provocado el siniestro en el llamado “Día Negro”.

Y es que todo inició mal desde que por órdenes del ex gobernador Eduardo Bours Castelo, la Procuraduría General de Justicia del Estado no arraigó a los principales involucrados en la tragedia; de ahí en adelante, las Averiguaciones Previas provocaron abismos legales en las causas penales 134/2009, 182/2009 y 12/2011, perdiendo así su valor probatorio y condenatorio que mantiene en libertad a la mayoría de los involucrados.

Los peritajes entregados a la misma PGR y al juez primero de Distrito, Raúl Martínez, representarían elementos suficientes para la reclasificación del delito de homicidio culposo a doloso… y va para el presidente Felipe Calderón y el gobernador Guillermo Padrés, que en la visita del primero a Guaymas, hizo mutis al respecto.

Cabe recordar que el 29 de septiembre del 2002 hubo otro incendio en la bodega de la Secretaría de Finanzas ubicada en el bulevar García Morales de la ciudad de Hermosillo, ese domingo, bajo el mandato del ex gobernador Armando López Nogales, se ordenó la quema de documentos relacionados con los “gastos” del Gobierno.

Las conclusiones de las empresas extranjeras exponen que el siniestro se produjo por la mano del hombre, que se encontró evidencia de aceleradores químicos, que la fuente de ignición fue una llama directa, que la papelería almacenada fungió como combustible y que inició antes o al mismo tiempo de que los empleados abandonaran el lugar.

Por ejemplo, el dictamen de la Associated Fire Consultants, Incorporated concluye con la definición de responsabilidades derivado del origen del incendio, en este caso en la bodega de Hacienda estatal y, al no ser un evento fortuito, señala a la persona o personas que tenían acceso a este lugar, durante el tiempo que estaba ocupada por empleados estatales.

“Información recibida, representando que el incendio fue descubierto antes de 10 minutos después de que los empleados salieran, refuerzan la opinión de que el fuego había comenzado antes de o al mismo tiempo que los empleados salían”,se lee en el documento.

Y añade:

“El volumen en metros cúbicos del edificio podría proveer naturalmente un período prolongado de tiempo para que el humo y el calor se concentraran al interior, antes de que éste se ventilara al exterior… al momento del incendio se acreditó la existencia de cajas con papelería, tanques de gasolina y tres vehículos con el combustible en su tanque”.

De acuerdo a la opinión de abogados, la reclasificación es el siguiente paso en el proceso penal que se sigue contra los responsables de la tragedia y esta acción apunta a los siete ex empleados de la Secretaría de Hacienda Estatal y por ende, al entonces gobernador Eduardo Bours Castelo o en su defecto, al actual mandatario Guillermo Padrés Elías o si lo prefiere, al Gobierno del Estado de Sonora.

Por dos años, las autoridades los padres y la misma opinión pública han centrado su atención en los dueños de la instancia infantil y los empleados del Instituto Mexicano del Seguro Social e incluso, hacia elementos del Departamento de Bomberos de Hermosillo y el ex alcalde Ernesto Gándara Camou.

El pasado 26 de junio del 2009, a las 12:00 horas, los empleados de Hacienda fueron notificados de su suspensión para abrirles proceso penal por los hechos registrados el 5 de junio, por haber estado presentes en la Bodega al momento de que inició el incendio que a la postre, se propagó a la Guardería ABC.

El 29 de junio, el juez Octavo Penal, Rafael Castillón Gracia, dicto el auto de formal prisión a Manuel Gaxiola Santacruz, Francisco Arturo Bracamontes Córdova, Juan Parra Valenzuela, Ignacio Aduendas Salazar, Álvaro Pacheco Ferral, Jorge Antonio Lavandera Peñúñuri y Arturo Torres Escalante.

Con la figura de “responsable solidario”, el Gobierno del Estado con base en el Artículo 349 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora, el Juzgado Octavo otorgó la libertad bajo caución a los siete empleados de la Secretaría de Finanzas, debido a que el Estado actuó como obligado subsidiario.

El Juez Castillón explicó que en base al Artículo 349 del citado Código, la Ley establece que el Estado, como responsable solidario, está facultado para intervenir a favor de los trabajadores en la nómina del Gobierno estatal.

La fianza fijada y cubierta de 20 mil pesos fue en base al Artículo 2086 del Código Civil para el Estado de Sonora, el cual contempla la figura de las obligaciones de los citados para garantizar la reparación del daño en esta materia.

Es decir, los cargos que enfrentan los procesados son por homicidio culposo y lesiones, delitos considerados no calificados o dolosos.

Así, la figura de la fianza es utilizada y precisa que la defensa presentó como garantía y argumento para la liberación de los funcionarios, el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, que expone el decreto mediante el cual se crea un fondo de 67 millones 100 mil pesos para cubrir, de acuerdo a la Ley, los gastos previstos en el litigio.

La Guardería ABC inició operaciones el 6 de agosto del 2001 bajo el esquema de subrogación a particulares y fue renovado el 29 de diciembre de 2006 por el entonces director del IMSS, Juan Molinar Horcasitas, con vigencia hasta diciembre de 2009.

Es decir, la guardería se instaló primero que la bodega estatal ya que el contrato de arrendamiento de la bodega fue avalado el 14 de febrero de 2002, siendo la última renovación el 1 de enero de 2009 con vigencia al 31 de diciembre, donde el Gobierno del Estado se compromete a pagar 41 mil 337.29 pesos mensuales.

En ese entonces, firmaron sus propietarios María Esmeralda Matiella Mendoza y/o José Manuel Matiella Urquídez y por el entonces director Administrativo de la Secretaría de Hacienda, Miguel Eugenio Lohr Martínez y el coordinador Estatal de Bienes y Concesiones, Eliseo Morales Ramírez.

En la Cláusula 4ª del Contrato se específico que su uso sería exclusivo para el resguardo de placas de la Dirección General de Recaudación, por lo que hasta ahora, todo indica que el Gobierno del Estado es el responsable directo de la tragedia del 5 de junio.

El Caso ABC evidencia las claras muestras de tráfico de influencia y relaciones interpersonales que expresan de facto la corrupción que por décadas ha permeado entre quienes deben aplicar la Ley y los grupos de poder que cogobiernan a una sociedad que aún no ha mostrado abiertamente su hartazgo en las calles y plazas del País.

La conjugación del dolor y la búsqueda de justicia de los afectados aún no han podido encontrar coincidencias y no las habrá, mientras medien intereses personales y económicos entre los corresponsables de la muerte de 49 niños y quienes sólo adornan las oficinas de los Juzgados Penales, Civiles y de las Procuradurías existentes.

Ahora bien, políticos de todos los partidos políticos nada han hecho para ayudar a las familias en duelo, sólo se han prendido como buitres del dolor ajeno y se han aprovechado para salir en la foto, en contubernio con periodistas que prostituyen la sagrada profesión de informar.

Reservamos nombres para cuando arrecien su campaña y exhibirlos públicamente.

Algunos padres también figuran como abusivos al dejar de lado la vida de los hijos que aún les sobreviven; estos niños aún no comprenden lo que sus afectados papás hacen en las calles y en las marchas donde miles de sonorenses se han volcado para apoyar una exigencia de justicia, que de a poco pierde poder y valor.

El Juicio Ciudadano y el llamado a la Resistencia Civil, son gritos desesperados de políticos del PAN, PRI, PRD, PVEM y PT mercenarios de la memoria de los niños muertos en tragedia del 5 de junio, con miras al proceso electoral del 2012 y esos, jamás conocerán lo celestial de la Eternidad y lo infinito del Universo por carecer de madre.

Pero culpables también son el IMSS, el Ayuntamiento y los dueños de la instancia.

Y a dos años y un día del incendio de la Guardería ABC, otros todavía duermen como bebés y gracias a sus cotos de poder con los “azules”, dueños del llamado“gobierno del cambio”, jamás pisarán la cárcel.

El 27 de octubre del 2011, el perito David Smith ratificó ante el Juzgado Primero de Distrito en Hermosillo su declaración inicial respecto a que el incendio en la Guardería ABC, ocurrido el pasado 5 de junio de 2009, fue intencionalmente provocado y que el fuego inició en la bodega propiedad de la Secretaría de Hacienda, ubicada a un costado del edificio que albergaba la estancia infantil.

“Es un fuego que fue provocado intencionalmente…inició con papeles y hay evidencia de la existencia de algún combustible o líquido inflamable, pero con o sin el líquido, con el papel hubiera habido el incendio”, dijo el especialista en entrevista.

Smith explicó que “en las investigación sobre el incendio usé métodos científicos que me llevaron a probar mi teoría de manera razonable y las conclusiones son válidas científicamente”.