¿SE NECESITAN MÁS SECRETARÍAS DE ESTADO?

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PARA CREAR UNA SECRETARÍA DE ESTADO

Publicado 09 Oct 2012

Por Marco Alcázar

Al final de cada sexenio y en la espera del siguiente surge la idea de crear nuevas secretarías para el despacho de los asuntos a cargo del gobierno. El período en que nos encontramos no es la excepción y ya se escuchan voces proponiendo la creación de secretarías de la cultura, de ciencia y tecnología, del reordenamiento territorial, de la mujer y del agua, por lo menos. Detrás de tales propuestas hay la percepción de que una secretaría de Estado, dedicada de manera exclusiva al manejo de un tema, puede ser la solución para los múltiples retos y problemas que se confrontan en cada materia específica. Lo que no se advierte son las dificultades que entrañan decisiones de tal naturaleza.

Quizá porque desde el inicio de mi vida profesional he tenido varios contactos con el tema del agua, me atrevo a reflexionar sobre las implicaciones que tendría la creación de una secretaría responsable de su manejo.

El agua tiene dos características esenciales: su escasa disponibilidad y pésima distribución a escala mundial (y, desde luego, también nacional) y su condición de ser elemento indispensable para la existencia del género humano, de la vida en general y de los procesos productivos. Así, su obtención, almacenamiento, conducción, tratamiento, distribución y consumo, seguidos de su recolección y tratamiento y manejo como residuo, implican factores de índole geográfica, económica, social, ambiental, política, demográfica y otros muchos, que deben ser tomados en consideración para la adecuada administración del recurso, lo cual significa una compleja urdimbre para garantizar la razonable satisfacción de las necesidades de los grupos humanos.

En nuestro país, tales factores ya han sido identificados, si bien con diversos grados de precisión, y han servido de base para definir los lineamientos jurídicos y las características de las instancias responsables del manejo del agua. Contamos con una legislación nacional, con legislaciones estatales y con ordenamientos municipales, así como con organismos que corresponden a los tres órdenes de gobierno, los cuales tienen capacidades técnicas y administrativas dispares y en muchos casos presentan diversos grados de ineficiencia en su desempeño.

Por lo tanto, la creación de una secretaría, con capacidades para llevar a cabo de manera eficiente la administración del recurso en todas sus etapas, tendría, por una parte, que alinear el enorme, complejo y en muchas ocasiones contradictorio entramado jurídico, y, por otra, conseguir que se coloquen bajo su égida todas las instancias que han surgido a lo largo del tiempo, y a lo largo y ancho del territorio nacional, para manejar aspectos parciales de la administración del agua, con el objetivo de homogenizar su funcionamiento bajo criterios de calidad. Lo anterior implica el fortalecimiento e incluso la capacitación de los cuadros técnicos y administrativos necesarios y suficientes para sustentar la eficacia en el diseño, ejecución y operación de obras y de procedimientos de todo tipo y en todos los niveles, entre los que deben considerarse las coordinaciones federales e interestatales, para el manejo de cuencas compartidas, y las intermunicipales, en los casos de las grandes conurbaciones.

De manera deliberada he omitido referir aspectos relacionados con los costos de los procesos y de los mecanismos establecidos para su recuperación total o parcial, las vinculaciones del agua con los temas de carácter ambiental, la participación de los usuarios en las decisiones de la administración del recurso y el papel del agua como elemento pernicioso en los casos de desastres, para citar sólo algunas de las múltiples implicaciones que existen en la práctica, sin olvidar el correspondiente y relevante componente presupuestario.

Desde luego, para la creación de una secretaría especializada el primer paso es proceder a la modificación de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para segregar de dependencias ya existentes las atribuciones en materia de agua y ubicarlas en la nueva. Pero este ajuste de carácter jurídico no sería el único y quizá ni siquiera el más importante, en una situación nacional en la que los gobiernos de las entidades federativas han cobrado gran fuerza frente al ejecutivo federal y se muestran poco dispuestas a ceder atribuciones que les generan rendimientos políticos y financieros.

No obstante, en los medios informativos se pueden encontrar especulaciones acerca de la inminencia de la creación de la secretaría del agua y en la Cámara de Diputados ya fue presentada una iniciativa para reconstituir la Secretaría de Recursos Hidráulicos, dependencia que en su tiempo y bajo otras condiciones demográficas, productivas y políticas realizó una labor encomiable.

Guiados por su experiencia, quienes tienen a su cargo el manejo del tema del agua para conformar las políticas correspondientes para la próxima administración federal, con toda seguridad estarán considerando los elementos antes apuntados y otros muchos más, entre ellos los tiempos requeridos, antes de lanzarse a una obra titánica de reingeniería institucional.

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