AMNISTIA INTERNACIONAL

Último informe del Presidente Calderón: ¿reconocerá el grave deterioro en la protección de los derechos humanos?

En momentos en que el presidente Calderón se dispone a presentar su último informe de gobierno, es imprescindible reflexionar sobre el impacto de sus políticas en materia de justicia y seguridad pública sobre los derechos humanos en México.

Desgraciadamente la administración actual ha tolerado un grave deterioro en la protección de los derechos humanos y ha hecho caso omiso a las miles de víctimas de violaciones que se han atrevido a denunciar los abusos y reclamar justicia.

El gobierno del Presidente Calderón puso en marcha una política de seguridad pública para enfrentar militarmente a grupos del crimen organizado, que agravó la violencia severamente en varias regiones del país, sin contar con una estrategia o capacidades para frenarla y garantizar la seguridad para las poblaciones afectadas.

Esta política se construyó sobre el despliegue masivo y rutinario de las Fuerzas Armadas en tareas policiales, lo cual generó un aumento escalofriante en las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad, como detenciones arbitrarias, tortura, ejecuciones extrajudiciales, y desapariciones forzadas.

“Con frecuencia el gobierno y las fuerzas de seguridad han intentado minimizar el impacto de la violencia, acusando a las víctimas de los abusos cometidos por el ejército y la policía de ser criminales. Sin embargo, en su gran mayoría no eran criminales sino personas comunes que han sufrido las consecuencias de la política de seguridad del gobierno mexicano,” afirmó Alberto Herrera, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional México.

En vez de asumir el liderazgo necesario para combatir la impunidad por las violaciones de derechos humanos y garantizar investigaciones imparciales y exhaustivas, el gobierno ha preferido usar los mismos mecanismos deficientes de rendición de cuentas que han minimizado e ignorado las violaciones de derechos humanos durante décadas. La jurisdicción militar, las procuradurías generales de justicia, las investigaciones internas de las instituciones imputadas y las comisiones estatales de derechos humanos han dejado en el desamparo a las víctimas.

“Ante esta política de negación, no es sorprendente que el gobierno no sea capaz de ver las alarmantes dimensiones de los abusos, la desesperada situación de las víctimas ni de encontrar a los responsables,” continuó Herrera.

El impacto de las políticas a favor de los derechos humanos que el gobierno ha anunciado en diferentes ocasiones es escaso. Por ejemplo, las medidas para fortalecer los derechos de las mujeres, las personas migrantes y los pueblos indígenas han sido insuficientes como lo demuestra el hecho de que estas poblaciones siguen sufriendo abusos graves, como ha sido constatado por los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas que han estudiado a México.

La reciente adopción por Amnistía Internacional de dos presos de consciencia, los indígenas defensores del derecho al agua, José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz en el Estado de Puebla, es una muestra más como el sistema de justicia continúa prestándose a la persecución infundada de defensores de derechos humanos y personas indígenas.

Las y los defensores de derechos humanos y periodistas han sido objeto de ataques, asesinatos, amenazas e intimidación en represalia por su trabajo. Durante años el gobierno se resistió a establecer un mecanismo eficaz de protección para estas personas en riesgo. Solo este año, con el nuevo marco legal aprobado por el Congreso y promovido por la sociedad civil, el gobierno ha tomado los primeros pasos para establecer un mecanismo de protección. Aún así, todavía existen muchas dudas acerca sobre su eficacia,  sobre las investigaciones penales necesarias para esclarecer los ataques y sobre el compromiso de la próxima administración a de dar continuidad al mecanismo.

Un avance de esta administración debería haber sido la reforma del sistema de justicia en 2008. Sin embargo, solo una minoría de estados ha implementado los cambios, y ni siquiera en estos, parece haber reforzado la protección de los derechos de las víctimas o los acusados. En la práctica la reforma no ha contribuido hasta ahora a mejorar la certeza del sistema de justicia, ni la confianza de la sociedad en estas instituciones. El hecho de que la mayoría de los estados y la federación sigan sin introducir las reformas, significa que continúan operando bajo un sistema que no garantiza la justicia y tolera la impunidad.

La introducción del arraigo a la Constitución, un mecanismo arbitrario y abusivo que debilita la justicia y no la refuerza, es tal vez uno de los retrocesos más significativos impulsados por el gobierno en los últimos años. Este retroceso se ha dado ignorando las recomendaciones de las Naciones Unidas de abolirlo.

A pesar de estos aspectos negativos, Amnistía Internacional reconoce avances muy importantes durante esta administración, en particular, las reformas en materia de derechos humanos a la Constitución de junio 2011 que implican finalmente asumir la obligación de cumplir con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por México.

Las consecuencias de estas reformas apenas han empezado a sentirse. Un ejemplo, es la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de limitar el fuero militar en conformidad con las sentencias de Corte Interamericana de Derechos Humanos para excluir las violaciones de derechos humanos de la jurisdicción militar.

Este último paso, pendiente todavía de convertirse en jurisprudencia obligatoria para los demás tribunales, se ha logrado después de años de campaña por parte de familiares y organizaciones no gubernamentales de derechos humanos en su lucha por la justicia, verdad y reparaciones. En realidad, el gobierno se ha opuesto de forma constante a este cambio. Solo gracias al esfuerzo de las víctimas y sus familiares se ha empezado a desmantelar el muro de impunidad que protege a quienes violan los derechos humanos.

“Un gobierno que ignora a la sociedad civil como impulsora del cambio y que no atiende su sed de justicia, está destinado a fracasar en el fortalecimiento del estado de derecho y la protección de derechos humanos,” concluyó Herrera.