PIDE BUENO TORIO EMPRENDER ACCIONES JUDICIALES INMEDIATAS CONTRA BRITISH PETROLEUM POR DERRAME DE HIDROCARBUROS
El senador panista Juan Bueno Torio pidió al Ejecutivo federal que instruya a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a emprender de manera inmediata las acciones judiciales necesarias contra British Petroleum y otros responsables por el derrame de hidrocarburos “Deepwater Horizon”, ocurrido en abril de 2010 en el Golfo de México, pues dijo que de esta forma será posible recuperar los fondos esenciales para la restauración de los recursos naturales del Golfo de México.
En la sesión ordinaria, el legislador por Veracruz presentó un punto de acuerdo en el cual recordó que en la fecha citada se registró una explosión masiva en la plataforma de perforación semi-sumergible “Deepwater Horizon”, localizada a 80 kilómetros de la costa de Luisiana en el Golfo de México.
“La empresa petrolera British Petroleum (BP) confirmó el comunicado emitido por la empresa perforadora Transocean Ltd. respecto de la explosión del día 20 de abril. Transocean Ltd. es la empresa de perforación petrolera más importante del mundo y fue subcontratada por BP para realizar labores de perforación profunda en el Golfo de México”, explicó.
A partir del incidente, continuó, fuentes estadunidenses indicaron que se vertieron al mar más de 4.9 millones de barriles (780 millones de litros) de petróleo, convirtiéndose en el peor derrame de hidrocarburos en la historia.
“Actualmente es imposible ubicar con certeza los daños a la vida marina y silvestre correspondientes a sus futuras migraciones, hábitos de reproducción y, por ende, sus impactos en las economías públicas y privadas que dependen de esta importante industria”, lamentó el Senador.
Ante esto, Bueno Torio detalló que los estados de Veracruz, Tamaulipas y Quintana Roo demandaron el pago de 1.2 mil millones de dólares, 2.2 mil millones de dólares y 900 millones de dólares, respectivamente.
Las cantidades, acotó, se basan en los daños y perjuicios que ha sufrido y afectarán a los estados mencionados durante los próximos años, principalmente las afectaciones al turismo y la pesca.
“Cabe señalar que México enfrenta daños y perjuicios calculados en dos mil millones de dólares, y creemos firmemente que será de enorme beneficio para el país y sus ciudadanos iniciar una acción en contra de las partes responsables por esta tragedia ecológica.
“Es importante actuar lo más pronto posible, ya que el procedimiento sigue su curso y a la fecha México ha perdido algunos de sus derechos de actuar, debido a que concluyeron términos importantes dentro del trámite”, señaló.
Por ello, el Legislador sostuvo que emprender una acción jurídica procederá debidamente y, sin duda, se recuperarán fondos esenciales para la restauración de los recursos naturales del Golfo de México.
Afirmó que nuestro país puede reclamar daños como, por ejemplo, los gastos generados en la preparación preventiva enfocada a la aparición del petróleo sobre o dentro de las aguas, propiedades, estuarios, fondo marino, flora y fauna marina, playas, litorales, costas, pantanos y otros recursos naturales y económicos, de los cuales sean responsables los Estados en virtud de fideicomisos, convenios y concesiones.
También, prosiguió, por cualesquier gastos incurrido al recabar y analizar información necesaria para monitorear el derrame de hidrocarburo y llevar a cabo acciones que resulten necesarias para mitigar cualquier daño a los recursos naturales y económicos de los Estados.
Además, por gastos incurridos al proveer información sobre el derrame de forma periódica a los agentes y oficiales del gobierno federal (Semarnat, Fonatur, SRE, etcétera); por cualquier gasto relacionados al desempeño de reuniones con cualquier agencia o secretaría ambiental enfocadas al análisis del potencial impacto del derrame de petróleo o cualesquier medidas preventivas aplicables.
Otro rubro por el que se pueden reclamar daños es por los gastos generados en relación a la prevención y preparación de la llegada del crudo a las costas mexicanas, incluyendo ejercicios de entrenamiento y simulacros, actividades de limpieza de las aguas y playas.
El punto de acuerdo, que fue considerado de urgente resolución, se aprobó por unanimidad en el Pleno de la Cámara Alta.
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