LA CRISIS DE LA EXCLUSIÓN

Alberto Herrera Aragón

Director Ejecutivo de Amnistía Internacional México

Durante los últimos días, la crítica situación por la que atraviesa el pueblo rarámuri en la Sierra Tarahumara ha movilizado de manera muy importante a la población mexicana para enviar ayuda humanitaria que permita paliar las condiciones de hambre y extrema vulnerabilidad de esta región.

Es admirable la forma en que a través de diferentes medios se ha conseguido visibilizar esta realidad y reaccionar ante ella a través de distintas formas de solidaridad. Esto nos permite recordar el componente de derechos humanos sin el cual es difícil comprender la situación de los pueblos indígenas en México.

En primer lugar, debemos reconocer que la realidad por la que atraviesan las poblaciones indígenas de la Sierra Tarahumara no es única. Los pueblos indígenas en nuestro país han vivido condiciones de discriminación, exclusión y marginación de manera permanente a lo largo de la historia. Estas condiciones no son casuales ni naturales; son resultado de carencias graves en el enfoque que el Estado ha incorporado para proteger, respetar y garantizar los derechos humanos. Observemos, pues, el componente estructural detrás de esta tragedia.

En México, los derechos económicos, sociales y culturales presentan dificultades importantes para hacerse justiciables. Son pocos los ejemplos que podemos contar de personas o autoridades que hayan sido llevadas ante tribunales para rendir cuentas por la violación de los derechos a la alimentación, a la salud, a la educación, a la vivienda o al trabajo de una comunidad indígena. Y esto no tiene solo que ver con un marco legal insuficiente para hacer de estos derechos una realidad, sino con un aparato de procuración e impartición de justicia prácticamente inalcanzable para estas poblaciones.

La política exterior mexicana en la materia no ha brillado en los últimos años por su compromiso en este tema. Resulta sorprendente que al día de hoy, el Presidente de la República no haya firmado el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tratado que permitiría a las sociedades contar con un marco internacional para hacer rendir cuentas a los Estados que violen estos derechos.

El problema central por el que atraviesan las comunidades indígenas en nuestro país es el de la exclusión. Desde mega proyectos de extracción energética o para el desarrollo de infraestructura impuestos sin la debida consulta a las poblaciones afectadas, hasta políticas de combate a la pobreza que no partieron de un diálogo con las comunidades, el acercamiento que de manera recurrente han tenido las autoridades con los pueblos indígenas ha sido, en muchos sentidos, ciego y sordo. Esta aproximación no ha valorado a las personas y pueblos indígenas como sujetos de derechos cuya voz debe ser escuchada.

Y no es que las autoridades no hayan tomado medidas para enfrentar las condiciones de pobreza extrema en las que vive una parte importante de las y los indígenas en nuestro país, sino que se han olvidado de un componente fundamental: preguntarles qué quieren y qué no para revertir esas condiciones de vulnerabilidad.

La falta de voz genera discriminación que a su vez genera desposesión que a su vez genera inseguridad. Todos estos factores juntos devienen en un fenómeno estructural de exclusión en el que actualmente se encuentran comunidades indígenas no solo en la Sierra Tarahumara, sino también en los Altos de Chiapas, en la Sierra de Oaxaca, en La Montaña de Guerrero y en muchas otras regiones de nuestro país.

Hablar de hambre, de frío, de enfermedad, es hablar de la negación de derechos humanos. Hablar de que esta situación predomina en una población como la indígena, es hablar de discriminación. Y hablar de que esa discriminación se perpetúa y se convierte en una realidad estructural, es hablar de impunidad.

La ayuda humanitaria que la sociedad mexicana ha enviado a la Sierra Tarahumara no es solo importante por el efecto que las toneladas de alimento, cobijas, medicinas y otras contribuciones tendrán en las comunidades afectadas por esta crítica situación, sino por la muestra que ello significa de que somos capaces de movilizarnos masivamente para cambiar una realidad apremiante.

Es tiempo de que la capacidad de movilización de la sociedad mexicana atienda las causas estructurales que han hecho que, durante siglos, los pueblos indígenas hayan permanecido en una exclusión inaceptable. Es tiempo de poner un alto a la impunidad ante la violación de derechos económicos, sociales y culturales en nuestro país. Es tiempo de que la solidaridad mostrada en días pasados con las comunidades de la Sierra Tarahumara, se convierta en un estado permanente de exigencia para que las comunidades indígenas sean escuchadas en México y sus derechos humanos sean plenamente respetados.

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