DECLARACIÓN PÚBLICA

 

Por fin un avance en el acceso a la justicia para los migrantes en México; ahora el gobierno Mexicano debe cumplir con sus promesas

Amnistía Internacional considera muy positivo que la Cámara de Senadores ayer haya reconocido la necesidad de mejorar el acceso a la justicia de los migrantes irregulares en México. La aprobación de la reforma del artículo 67 de la Ley General de Población es un paso importante para garantizar a todas las personas migrantes la igualdad de acceso a la justicia. Ahora es esencial que el gobierno del Presidente Felipe Calderón publique con urgencia la reforma en el Diario Oficial para que la reforma se convierta en ley.  
El artículo 67 había sido criticado por varias organizaciones de derechos humanos porque discrimina a los migrantes. Según el artículo, todas las autoridades federales, estatales y municipales están obligadas a exigir que los ciudadanos extranjeros que les soliciten servicios aporten pruebas de su legal estancia en el país. Esto constituye un importante factor disuasorio para los migrantes irregulares en denunciar que hayan sido víctima de un abuso o un delito y ha provocado resistencia en algunas autoridades para atender a migrantes víctimas de abusos. La reforma aprobada ayer prohíbe que se niegue o restrinja la atención de quejas de derechos humanos o procuración de justicia cualquiera sea la situación legal del o la migrante.
Amnistía Internacional también recibe con agrado el compromiso recientemente anunciado del Secretario de Gobernación de mejorar la coordinación entre las autoridades mexicanas de los tres órdenes de gobierno para combatir los abusos a migrantes y brindarles mayor protección.  
Es esencial ahora que el gobierno federal convierta este compromiso en medidas concretas para prevenir y atender los abusos sufridos por migrantes irregulares en México. Amnistía Internacional urge al gobierno federal a establecer un claro plan de acción en el cual todas las agencias clave como la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración y las autoridades estatales actúen de manera coordinada y efectiva. También se debe recabar y publicar información sobre los abusos sufridos por migrantes y las acciones gubernamentales tomadas. Es esencial establecer claros indicadores para que las diversas instancias rindan cuentas sobre su actuación a favor de los migrantes.
“Ha tenido que ocurrir la matanza de 72 migrantes para poner este asunto en la agenda del gobierno federal. Este es un momento clave para que el gobierno del Presidente Calderón muestre su liderazgo e implemente medidas concretas para asegurar la protección de los migrantes en México. Esperemos que las palabras del Secretario de Gobernación se convierten en acción y que la reforma del artículo 67 se publique y se implemente lo más pronto posible” dijo Rupert Knox, investigador sobre México de Amnistía Internacional.  
Información de contexto
Decenas de miles de migrantes irregulares que viajan hacia la frontera estadounidense enfrentan una amenaza constante de secuestro y ataque por parte de grupos criminales y, en algunos casos, por parte de las fuerzas de seguridad. Aquellos detrás de los abusos casi nunca son llevados ante la justicia y los migrantes tienen escasa oportunidad de lograr justicia. Muy poca información está disponible para los muchos familiares buscando a sus seres queridos.
Amnistía Internacional emitió un informe en abril resaltando el fracaso de las autoridades federales y estatales de México de implementar medidas efectivas para prevenir y castigar los miles de secuestros, asesinatos y violaciones de migrantes irregulares a manos de los grupos criminales. Estos grupos a menudo operan con la complicidad o aquiescencia de funcionarios públicos.

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