JUAN BUENO TORIO PROPUSO

En los últimos meses ha aparecido una fuerte presión para incrementar las sanciones con que cuenta la Comisión Federal de Competencia para combatir violaciones a la legislación antimonopolios, incluida la pena de prisión. El senador panista Juan Bueno Torio propuso una iniciativa para modificar un artículo del Código Penal Federal para consignar penalmente a competidores que se coluden. La crispación que aqueja a nuestro país aconseja que se reflexione con serenidad sobre las causas y efectos de perseguir penalmente a empresarios que operan en un entorno de monopolios de Estado y múltiples actividades monopolizadas (sindicatos, educación, partidos políticos, barreras regulatorias, licitaciones obscuras, trámites asfixiantes).Esto no es nuevo. El Código Penal Federal ya prevé una definición amplísima; sin embargo, ha sido letra muerta. Usted, amable lector, recordará que 2007 inició con un virulento aumento en el precio del maíz y sus derivados. La andanada de declaraciones oficiales rápidamente culpó a los "acaparadores", a quienes sencillamente nadie encontró para encarcelarlos. En Estados Unidos existe una larga tradición de penas de prisión al respecto; sin embargo, hay un fuerte debate en Europa sobre si las penas de cárcel son óptimas para lograr la represión de dichas prácticas. Así como algunos países han seguido recientemente el ejemplo de Estados Unidos (Irlanda, Gran Bretaña, Chipre, Hungría, Estonia y Malta, todos con flacos resultados) otros han despenalizado estas prácticas (Holanda, Francia, Austria, Luxemburgo). Conviene estudiar los porqués de unos y otros.El debate en Europa ilustra que no hay evidencia en el sentido de que las penas de prisión realmente logren disuadir prácticas monopólicas. Los tipos penales, de aplicación estricta, inhiben o hacen muy rígida la aplicación de la ley, como sucedió durante décadas en Argentina, cuya legislación antimonopolios contenía penas de prisión. Estas penas pueden fácilmente convertirse en misiles políticos (imagínese a René Bejarano como presidente de la CFC en franca vendetta por los spots políticos del Consejo Coordinador Empresarial). Además, existe el problema de a quién encarcelar, pues hay gran riesgo de que nunca caigan los peces gordos. Por otro lado, el costo de su aplicación es altísimo, versus las necesidades apremiantes de México en el combate a la delincuencia organizada, homicidios y secuestros. Hasta ahora, la autoridad mexicana ha sancionado administrativamente a pequeños empresarios por estas violaciones. ¿Al criminalizarlas, realmente queremos meter presos a dueños de tortillerías y tintorerías?En Estados Unidos funcionan razonablemente bien las penas de prisión. Ahí existe una verdadera cultura antimonopolios, en donde no opera el pesado aparato monopólico de Estado, ni el asfixiante entramado regulatorio de México. Allá la cultura antitrust es casi una religión, y la parte que pierde un caso de éstos debe resarcir a su contraparte el triple de los daños y perjuicios causados.La Comisión Federal de Competencia ya cuenta con un gran arsenal para aplicar la legislación, que incluye fuertes multas (las que acaba de imponer a Ferromex y Ferrosur por cerca de 30 millones de dólares probablemente son las más altas que haya impuesto cualquier autoridad mexicana), la suspensión de las prácticas, la indemnización por daños y perjuicios y otras. Apenas en 2006 el Congreso la dotó de las sanciones más estrictas del mundo contra los reincidentes (multas hasta por el 10% de las ventas o activos y la desincorporación de empresas); sin embargo, por múltiples razones, la CFC apenas logra cobrar alrededor del 15% de las multas que impone. Además, el dispositivo de daños y perjuicios -principal instrumento disuasivo en Estados Unidos y ya previsto en la ley mexicana- se encuentra atrofiado. El Congreso debe estudiar serenamente las causas de estos resultados.En suma, en Europa se analiza cautelosamente la sociología de los cárteles y monopolios. Además, se estudian otros mecanismos, como inhabilitar a ciertos miembros de los consejos de administración de empresas que incurran en estas violaciones. En tanto, la iniciativa "Bueno" no se respaldó con estudio y provocó graves errores, como establecer como sanción alternativa la "suspensión" de la empresa hasta por un año o su disolución.A México le urge un entorno de mayor competencia y eficiencia. Eso se logra desmantelando monopolios públicos, quitando trabas a los negocios e incentivando la capacidad gerencial, acompañados, sí, de la aplicación consistente de sanciones eficaces y realistas a las prácticas monopólicas. Las penas de prisión, aparentemente drásticas, en realidad podrían atascar severamente la aplicación de esta legislación. Fuente: http://www.reforma.com