CREACION DEL CONSEJO CONSULTIVO PARA REFORMAR LEY PENAL DEL ESTADO
Eñ Demócrata
El gobernador Fidel Herrera Beltrán instaló el Consejo Consultivo que buscará reformar la Ley Penal del estado a fin de regular el sistema acusatorio y modificar el sistema penitenciario y de seguridad pública, con los siguientes objetivos:
Primero, estandarizar las normas relativas a las órdenes de aprehensión, segundo, acotar y precisar el concepto de flagrancia, tercero, establecer criterios y requisitos más rigurosos para el arraigo, así como para crear un centro de reclusión preventiva y ejecución de sentencias, lo que deberá permitir regular y dar validez jurídica a la grabación de comunicaciones entre particulares para evitar usos abusivos de estos instrumentos lesivos de las libertades y los derechos y garantías individuales y humanas.
Cuarto, crear la figura de los Jueces de Control para vigilar la legalidad en la actuación del Ministerio Público y para autorizar de manera inmediata los cateos, arraigos y medidas cautelares, quinto, introducir y privilegiar figuras de justicia alternativa para resolver y reducir los casos que lleguen ante los jueces y sexto, elevar la calidad y eficacia de la casi no usada defensoría de oficio.
Séptimo, instituir la presunción de inocencia y la defensa de los derechos de las víctimas, e instaurar las bases jurídicas del sistema procesal acusatorio y todo lo relativo a los juicios orales.
Sobre este último punto, el Ejecutivo del estado destacó que es materia de innovación y sobre lo que se ha dicho que es una de las características de la democracia contemporánea, a la que Veracruz le ha apostado tanto aunque reconoció que hasta ahora sólo con relativo éxito.
Señaló que de esta reforma integral dependen muchas cosas: que mejore no solamente la percepción del servicio que el Estado tiene como titular, como el uso de la fuerza pública para hacer prevalecer el derecho, sino también para generar las condiciones sobre las cuales la sociedad puede construir su bienestar, crecer y distribuir equitativamente sus bienes materiales y culturales.
Sin embargo, reconoció que aterrizar, darle cuerpo y hacer útil para la población esta reforma no es nada fácil, implementarla tampoco, porque se tiene que armonizar tiempos y prioridades de los tres órdenes de gobierno y de los ámbitos de los Poderes federales, del que los estados son parte sustantiva y donde los municipios son la célula fundamental y básica de la organización social.
Dijo que el Consejo Consultivo para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en el Estado de Veracruz ocupa ahora el mandato que le confiere la sociedad por conducto de sus instituciones para realizar todas las transformaciones en tiempo y forma, que permitan que el ámbito de la tranquilidad y la seguridad, el disfrute de las libertades y la justicia aplicada con energía pero con apego a la legalidad plena, sean las características del Veracruz del trabajo y desarrollo.
Expresó que con la voluntad de los actores que participaron en la instalación del Consejo, Veracruz puede anticiparse a los ocho años que marca como límite el propio decreto aprobado por el constituyente permanente federal.
Manifestó que se tiene ahora la gran responsabilidad y la oportunidad de que el Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia pueda trabajar en la ruta de instituir un sistema de justicia acusatoria y darle dimensión a los juicios orales a los que se han orientado recursos del convenio con PEMEX para instalar salas que se necesita usar a plenitud.
También apuntó que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos encuentra ahora un punto de articulación para hacer expedita la procuración de los derechos de los seres humanos al amparo –expedita también como lo ordena la Constitución de la administración de justicia.
Durante la reunión, dio a conocer que según el sistema de seguimiento y evaluación del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad –sistema de información instaurado por la Conferencia Nacional de Gobernadores y desarrollado por instituciones académicas independientes para dar seguimiento al cumplimiento del Acuerdo por parte de las entidades federativas–, Veracruz tiene un avance de 93 por ciento en dichos acuerdos y que restan solo dos metas que ya están en proceso de concretarse en relación con los Centros de Control y Confianza.
El gobernador Fidel Herrera Beltrán instaló el Consejo Consultivo que buscará reformar la Ley Penal del estado a fin de regular el sistema acusatorio y modificar el sistema penitenciario y de seguridad pública, con los siguientes objetivos:
Primero, estandarizar las normas relativas a las órdenes de aprehensión, segundo, acotar y precisar el concepto de flagrancia, tercero, establecer criterios y requisitos más rigurosos para el arraigo, así como para crear un centro de reclusión preventiva y ejecución de sentencias, lo que deberá permitir regular y dar validez jurídica a la grabación de comunicaciones entre particulares para evitar usos abusivos de estos instrumentos lesivos de las libertades y los derechos y garantías individuales y humanas.
Cuarto, crear la figura de los Jueces de Control para vigilar la legalidad en la actuación del Ministerio Público y para autorizar de manera inmediata los cateos, arraigos y medidas cautelares, quinto, introducir y privilegiar figuras de justicia alternativa para resolver y reducir los casos que lleguen ante los jueces y sexto, elevar la calidad y eficacia de la casi no usada defensoría de oficio.
Séptimo, instituir la presunción de inocencia y la defensa de los derechos de las víctimas, e instaurar las bases jurídicas del sistema procesal acusatorio y todo lo relativo a los juicios orales.
Sobre este último punto, el Ejecutivo del estado destacó que es materia de innovación y sobre lo que se ha dicho que es una de las características de la democracia contemporánea, a la que Veracruz le ha apostado tanto aunque reconoció que hasta ahora sólo con relativo éxito.
Señaló que de esta reforma integral dependen muchas cosas: que mejore no solamente la percepción del servicio que el Estado tiene como titular, como el uso de la fuerza pública para hacer prevalecer el derecho, sino también para generar las condiciones sobre las cuales la sociedad puede construir su bienestar, crecer y distribuir equitativamente sus bienes materiales y culturales.
Sin embargo, reconoció que aterrizar, darle cuerpo y hacer útil para la población esta reforma no es nada fácil, implementarla tampoco, porque se tiene que armonizar tiempos y prioridades de los tres órdenes de gobierno y de los ámbitos de los Poderes federales, del que los estados son parte sustantiva y donde los municipios son la célula fundamental y básica de la organización social.
Dijo que el Consejo Consultivo para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en el Estado de Veracruz ocupa ahora el mandato que le confiere la sociedad por conducto de sus instituciones para realizar todas las transformaciones en tiempo y forma, que permitan que el ámbito de la tranquilidad y la seguridad, el disfrute de las libertades y la justicia aplicada con energía pero con apego a la legalidad plena, sean las características del Veracruz del trabajo y desarrollo.
Expresó que con la voluntad de los actores que participaron en la instalación del Consejo, Veracruz puede anticiparse a los ocho años que marca como límite el propio decreto aprobado por el constituyente permanente federal.
Manifestó que se tiene ahora la gran responsabilidad y la oportunidad de que el Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia pueda trabajar en la ruta de instituir un sistema de justicia acusatoria y darle dimensión a los juicios orales a los que se han orientado recursos del convenio con PEMEX para instalar salas que se necesita usar a plenitud.
También apuntó que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos encuentra ahora un punto de articulación para hacer expedita la procuración de los derechos de los seres humanos al amparo –expedita también como lo ordena la Constitución de la administración de justicia.
Durante la reunión, dio a conocer que según el sistema de seguimiento y evaluación del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad –sistema de información instaurado por la Conferencia Nacional de Gobernadores y desarrollado por instituciones académicas independientes para dar seguimiento al cumplimiento del Acuerdo por parte de las entidades federativas–, Veracruz tiene un avance de 93 por ciento en dichos acuerdos y que restan solo dos metas que ya están en proceso de concretarse en relación con los Centros de Control y Confianza.
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