POR LA VERDAD Y LA CONFIANZA
POR LA VERDAD Y LA CONFIANZA
Reducir financiamiento a Partidos Políticos (Parte 2)
Dra. Zaida Alicia Lladó Castillo
Como decía antes, una de las razones de que el financiamiento de los partidos políticos en México se haya elevado, ha sido la aparición de nuevos y la no eliminación de los que no tienen representatividad, y aunque esas son algunas de las razones más importantes, no son las únicas.
Desde el año 2000, al elevarse el número de partidos que obtuvieron escaños en el Congreso de la Unión de 5 a 8, llevó a un incremento de más del 50 % en el financiamiento para los mismos. De 700 millones antes de la elección, a 1500 millones que costó la del año 2000. Y peor aún del 2001 a 2004, el financiamiento se elevó hasta 2200 millones. Es decir en menos de 4 años creció en un 300 % en el gobierno de Vicente Fox. Y se vuelve a elevar sustancialmente para la elección del 2006, cuando otros dos nuevos partidos logran posiciones en el Congreso.
Pero también hay otros aspectos que han provocado las variaciones intempestivas en el monto de los financiamientos, algunos derivados por el propio sistema de partidos y en otros, en la forma en que se desarrollan los procesos que por acumular vicios resultan totalmente insostenibles. Por una parte lo relacionado con la fórmula que se ha ocupado para definir el costo de las elecciones, ya que originalmente sólo se consideraban las elecciones paralelas a la elección presidencial y no las intermedias; pero, al considerar hoy a estas últimas, los montos se incrementaron de manera notoria.
Otra variable, --que aunque no todos impactan directamente al financiamiento estatal--, si encarecen los procesos y es el relativo a los gastos indirectos de las jornadas electorales que las hace ya casi insostenibles, por ejemplo: presencia masiva de publicidad gubernamental, compra de publicidad por parte de los partidos en cantidades descomunales, participación disimulada de actores impedidos para comprar publicidad, etc. Pero existen otros que hoy se suman a los anteriores, como serios agravantes: la comercialización del voto.
La compra del voto, ha sido un fenómeno que se ha intensificado desde las elecciones de 2006. Antes de esa fecha el pecado más grande que podría hacer un partido o candidato, era regalar una despensa, una gorra, camiseta o algún tipo de utilitario a un elector; hoy los líderes--sean de colonias, comerciantes, empresarios, etc.,-- cambian su voto y la de sus allegados por miles y millones de pesos o lo condicionan por compromisos anticipados, y esto cada vez está peor. Y lo mismo se hace en elecciones locales o federales, fomentándose una inercia de complicidades, corrupción y degeneración de los procesos electores.
Todo ello demuestra la falta de capacidad, tanto de los aspirantes que necesitan comprar voluntades para poder ganar una elección y la voracidad de los liderazgos que se venden al mejor postor. Los líderes “mercenarios” “sangran” las campañas, condicionando su apoyo y el de sus seguidores. Esto hace que las elecciones para un candidato, cada vez sean más caras. Siendo ahora ya una condición el que pueda alguien aspirar a un cargo de elección si posee un capital extraordinario de respaldo para poder moverse. Es decir los procesos se han prostituido a tal grado que –con sus honrosas excepciones--, los aspirantes requieren de miles de millones de pesos para, primero ser elegidos dentro de su partido como candidato y posteriormente para ser electos por el pueblo.
Y todo ello sólo demuestra la minusvalía natural de los actores políticos en campaña que no tienen capacidad, honorabilidad, ni carisma para ganar limpiamente una elección.
Pero volvamos al financiamiento oficial. En la reforma electoral de 2007-2008, se intentó regular lo anterior disponiendo procedimientos de control y vigilancia del origen y uso de los recursos así como por incumplimiento. Se restringieron los donativos en dinero o en especie, que vinieran de cualquier poder público o entidades del gobierno, de organismos internacionales, ministros de culto, etc. Las aportaciones de afiliados no rebasarían el 10% y el límite de aportación de una persona moral seria de 0.05 %, La fórmula ahora cambiaria a 65 % del salario mínimo multiplicado por el número total de inscritos en el padrón electoral. 2 % para capacitación y la repartición del 30% de financiamiento público y el 70 restante con base del porcentaje de votos obtenidos de la elección de diputados anterior.
Pero aquí se agregó algo, que nuevamente incremento el financiamiento, los partidos políticos con registro posterior a la última elección recibirían el 2 % ordinario, 2 % para actividades de campaña y serian beneficiarios del 30 % del financiamiento público. Esto sólo motivó que partidos políticos nuevos continuaran surgiendo sin revisar con seriedad la extinción de algunos otros que ya no representaban nada para el electorado, pues con dificultad llegaban al porcentaje mínimo exigido para continuar vigentes. Por otra parte, los mecanismos de la autoridad electoral se veían impotentes ante el empecinamiento de los actores políticos de trasgredir las reglas relativas a las fuentes de financiamiento, ahora ya incorporando otra variable: dinero “malo” de dudosa procedencia.
Con la reforma de 2014, se intentó frenar la proliferación de partidos y se agudizaron los sistemas de control. Se elevó el tope de los partidos políticos para conservar el registro a 3 % y el umbral para conservar las prerrogativas. Y esto ha sido una buena medida de la reforma. Pues asume que mientras más altos requisitos se imponen a los partidos en esos temas, se vuelve más difícil de cumplir, por lo que aquellos que son pequeños, tienden a desaparecer. Igualmente el financiamiento privado se ha flexibilizado sin rebasar el 10 % del tope de gasto para las campañas. Existen hoy mayores controles en la documentación comprobatoria con base fiscal—para evitar el lavado de dinero--, y medidas que permiten conocer el origen del recurso, obligando a su procedencia lícita.
Así que reformas van y vienen y el presupuesto del INE es ya insostenible y no hay forma de parar la bola de nieve en materia de gastos por concepto de partidos políticos. Algunas voces proponen la desaparición de los partidos políticos, pero en el fondo eso es un absurdo. Porque regresaríamos a la época del medievo donde las decisiones se tomarían a través de los plebiscitos impuestos por el Estado o los acuerdos se tomarían en las plazas públicas, prácticas antidemocráticas que en el pasado se prestaron a grandes injusticias y por lo que fue necesario por ello, implementar el sistema de partidos.
Por eso el tema de fiscalización y regularización de los financiamientos de los partidos políticos en nuestro país, es un tema que merece una revisión constante y seria, para tomar decisiones acordes a las exigencias de austeridad que el país nos obliga. Y es obligación de las fuerzas políticas analizar y proponer reformas para poder disminuir los financiamientos y con ello ahorrar dinero para ser adjudicado a otros rubros. Y existen diversas propuestas, por ejemplo el politólogo Luis Ugalde, que propone 5 alternativas:
1. Cambiar la fórmula del financiamiento para actividades ordinarias de los partidos. En lugar de multiplicar el 65 % del salario mínimo por el número de inscritos en el padrón electoral, reducirlo a 50 o 40 por ciento. Si en 2017 la bolsa para partidos será de 3,940 millones de pesos, con un factor de 40 % sería de 2,425 millones; eso es, se ahorrarían 1,515 millones de pesos. Incluso se podría reducir aún más, hasta el 30 % del salario mínimo, con lo cual se ahorrarían 2,122 millones, es decir, más del 50 %.
2. Modificar la otra variable de la fórmula: el tamaño del padrón. Utilizar para el cálculo el universo de votantes relevante de la lista nominal, que es la que está integrada por quienes efectivamente cuentan con credencial para votar, y no el padrón. Actualmente se calcula de acuerdo al padrón que cuenta con poco más de 83 millones de ciudadanos, mientras que la lista nominal registra 81.8 millones, si se usase esta última, la reducción sería de 57.9 millones de pesos en 2017.
3. Otro aspecto podría ser el usar el número de votantes de la última elección en lugar del total de empadronados, así se incentivaría la participación electoral. Es decir, actualmente cuesta lo mismo para el INE un voto ejercido que el no ejercido, porque el cálculo esta hecho por el padrón y no por el número de personas que votan. Si se usase esta modalidad, según la votación total emitida en la elección federal de 2015 (39.87 millones de votos), el financiamiento a partidos nacionales en 2017 sería de 1,893 millones de pesos (en comparación con los 3,940 millones actuales), eso es, una reducción de 2,047 millones.
4. El tiempo aire gratuito para difundir propaganda mediante spots. Para qué sirve tanto spot pagado por el gobierno. A veces se llega a la saturación y eso cuesta. Los gobiernos tienen que desembolsar dinero para su propaganda institucional durante años electorales porque casi todos los tiempos de Estado se ponen al servicio de los partidos, por lo tanto, sería factible reducir las asignaciones de tiempo aire ahorraría recursos públicos y dejaría de saturar a los televidentes de la oleada de promocionales que en ocasiones genera más antipatía que información útil para ejercer el voto.
5. Finalmente, si se redujera el monto nacional por partido, como decíamos en el punto número uno, también lo tendrían que hacer los estados. Es necesario reducir el financiamiento de los partidos en el ámbito estatal. Antes de la reforma de 2013, el financiamiento de los partidos locales era del 20%, otras del 30 o 40%, pero al homologarse con la federal, subió al 65 %. Lo que exhibe un aumento del 53 %. Pero si se hiciera efectiva la propuesta del punto uno, se reduciría significativamente. Para ello se requeriría que se reforme la Constitución federal y la Ley general de partidos políticos y se homologue nuevamente en lo local.
En suma. La democracia no requiere que los partidos desaparezcan y considero una idea retrograda una supuesta propuesta de eliminación de los mismos, como igualmente cualquier mecanismo que aliente el no votar, en lugar de alentar a la participación. O cualquier idea de anulación de votos para anular comicios, eso sería regresar a etapas ya superadas. Por el contrario, hoy se requiere de instituciones políticas más fuertes y representativas de mayorías --que no de minorías que encarecen el sistema--, instituciones mejor preparadas que rindan cuentas y que actúen con legalidad. Pero principalmente los tiempos presentes, exigen, una más elevada cultura política para que la sociedad deje de sentir que los procesos electorales son la oportunidad de canalizar venganzas, revanchismos o frustraciones y no la satisfacción de saber elegir con razonamiento y madurez a quienes serán sus representantes, seleccionado bien al ver en ellos a la personas que les inspiren confianza por su capacidad, sensibilidad y amor al servicio público. Porque a mayor cultura política mejores decisiones a la hora de votar, mejores representantes populares y por ende mejores gobiernos. Ese es el reto. Gracias y hasta la próxima.
Bibliografía
[1] Integralia, Central Política suplemento publicado en El Financiero, 31 de marzo de 2016.
[3] Op. Cit
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